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En cualquier nivel y circunstancia se requiere que el endeudamiento esté bajo control dentro de una disciplina que se respete

Los Gobiernos de turno han venido haciendo uso cada vez menos cuidadoso del endeudamiento de corto plazo, que tiene la ventaja aparente de proveer recursos inmediatos pero que conlleva el riesgo de estar constantemente teniendo que buscar salidas para cumplir los compromisos justamente en el corto plazo.
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Cuando la realidad se toma a la ligera, cualquier cosa puede pasar; y eso es lo que venimos viendo, de manera calamitosamente sistemática, en el manejo de la gestión pública en nuestro ambiente, con las consecuencias que cada vez son menos disimulables en el diario vivir de la ciudadanía y menos ocultables con las tácticas comunes del poder de turno. Uno de los puntos más manipulados ya por tradición en el país es el referente al endeudamiento público, que a estas alturas ya está fuera de todo control razonable. La práctica perversa de endeudarse sin medir efectos posteriores está directamente vinculada con el manejo irresponsable de los tiempos políticos: el que está de turno a cargo de la gestión pública sólo se ocupa de contar con lo necesario para cumplir sus propósitos coyunturales sin tomar en cuenta lo que eso puede significar para las gestiones futuras.

Pero en verdad lo que ahora enfrentamos es una crisis de sostenibilidad fiscal que puede llegar a tener consecuencias desastrosas para el país en general, no sólo para la institucionalidad en funciones. Esto hay que valorarlo de manera clara y desapasionada, de tal modo que los distintos actores nacionales puedan entrar en razón al respecto. Los Gobiernos de turno han venido haciendo uso cada vez menos cuidadoso del endeudamiento de corto plazo, que tiene la ventaja aparente de proveer recursos inmediatos pero que conlleva el riesgo de estar constantemente teniendo que buscar salidas para cumplir los compromisos justamente en el corto plazo. Y como las cosas se van complicando más en la medida que persisten las prácticas irresponsables, a la Administración actual le toca enfrentar una situación aún más complicada que las que se dieron antes.

Al final de la legislatura anterior, se dio en el último día de la misma una decisión apresurada al máximo para aprobar 900 millones en bonos. La cosa era aprovechar, a cualquier costo procedimental, la mayoría calificada aún disponible. Luego se presentó al respecto un recurso de inconstitucionalidad, que acaba de ser resuelto por la Sala, declarando fuera de legalidad lo acordado. Y ahora lo único que queda abierto es el mecanismo de formación de una nueva mayoría calificada, sobre la base del entendimiento entre el FMLN y ARENA. Esto implica que habría que activar cuanto antes los mecanismos necesarios para pasar a un diálogo negociador que pueda desembocar en resultados al más corto plazo, porque la cuestión es seria y nos atañe a todos.

Creemos que ya no es posible evitar el esfuerzo para pasar a una nueva forma de alcanzar mayorías calificadas, que respondan al interés nacional y no a intereses partidarios de ocasión. El hecho de que no haya forma de lograr dichas mayorías sin el concurso de los dos partidos principales es un factor que hay que valorar como positivo, aunque nunca se podría dejar de estar atentos a las posibles maniobras de compra de voluntades, que tanto se han dado en el pasado.

Se está hablando de una legislación de responsabilidad fiscal, y eso también hay que analizarlo de manera precisa y consistente, para hacer que, de darse, pueda funcionar como un esquema de disciplina que verdaderamente vaya ordenando las cosas en el campo financiero.

El país requiere, en todo sentido y en todo nivel, que haya certidumbre y predictibilidad aseguradas. Ir a salto de mata lo que provoca es desperdicio de energías y desaprovechamiento de oportunidades. Es lo que estamos padeciendo en el día a día.

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