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En el Día Internacional contra la Corrupción

Naciones Unidas en el año 2003 declaró el 9 de diciembre de cada año como el Día Internacional contra la Corrupción, y es por ello que a lo largo del mundo se organizan actividades orientadas a concientizar sobre la necesidad de prevenir y combatir la corrupción.
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El 2016 me parece que será recordado como el año del “destape” de los casos de corrupción, pues las investigaciones sobre posibles casos de “Gran Corrupción” han acaparado en gran medida la agenda pública, lo cual brinda la sensación de que ojalá las cosas en El Salvador estén empezando a cambiar.

Para entender un poco cómo estamos respecto de la corrupción en el país, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción del año 2015 que elabora Transparencia Internacional, El Salvador aparece con una puntuación de 39 puntos sobre 100, en donde 0 es la peor calificación, obteniendo la misma calificación que en 2014. Asimismo, en el Índice Global de Competitividad que presentó el Foro Económico Mundial en 2016, se señala que El Salvador está entre los 10 países con mayores niveles de corrupción.

Dichos indicadores constituyen una muestra de que tenemos un problema serio de corrupción que debemos resolver, y para comprender en su justa dimensión la importancia de combatir dicho flagelo, es precisamente por los efectos perniciosos que genera en el Estado, ya que la corrupción debilita las democracias, permite que el crimen permee en el Estado y en los partidos políticos, disminuye la confianza en las instituciones, afecta el crecimiento económico, e incrementa la pobreza, entre otros males. Uno de los efectos más delicados que tiene la corrupción es que al generar desconfianza de los ciudadanos en la democracia y en los partidos políticos, puede abrir la puerta a caudillos y líderes populistas que al llegar al poder destruyen el régimen democrático y anulan las libertades individuales.

El país está dando algunos pasos significativos en la lucha contra la corrupción, como se puede advertir en los siguientes aspectos: en el acceso a la información pública, el cual cada vez se consolida gracias al trabajo del Instituto de Acceso a la Información Pública y de los usuarios de la LAIP, a pesar de las resistencias y los abusos en las declaratorias de reserva de información; el trabajo de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, quien ha ordenado a la fecha el inicio de los primeros 7 juicios civiles sobre enriquecimiento ilícito, habiéndose logrado la primera condena en 57 años de vigencia de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos; y las investigaciones y los procesos penales que ha iniciado la Fiscalía General de la República sobre posibles casos de corrupción que involucran a exfuncionarios de alto perfil.

Sería bueno que a esta lista se sumen otras instituciones que son fundamentales para controlar y prevenir la corrupción, como es la Corte de Cuentas de la República, y que ha estado ausente en su labor de controlar el buen uso los fondos públicos, pues ha venido actuando de forma discrecional y bajo criterios políticos. Los magistrados recién electos tienen la oportunidad histórica de dar un giro y empezar a actuar de forma diferente.

Es positivo que cada vez hay mayor conciencia en la ciudadanía de exigir transparencia, rendición de cuentas y de combatir la corrupción. Los funcionarios que llegan a servirse y no a servir, tarde o temprano quedarán expuestos y ojalá sancionados. Es importante que la población apoye y defienda decididamente a las instituciones públicas que están haciendo su trabajo y que denuncie a las que no lo hagan.

Tags:

  • corrupcion
  • competitividad
  • laip
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