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En el banquillo de los acusados

La presencia de la opinión ciudadana a través de las redes sociales y organizaciones de la sociedad civil, manifestando su cansancio e indignación ante la corrupción y mala praxis política de algunos funcionarios públicos, ha generado una ola de cuestionamientos políticos en todo el mundo.
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En América Latina, están siendo enjuiciados y defenestrados presidentes y expresidentes, funcionarios y exfuncionarios de gobiernos de todos los signos políticos e ideológicos. Acusados de corrupción y mala praxis política, encontramos en Brasil, Argentina, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, etcétera.

En El Salvador, existe una larga lista que incluye a tres expresidentes, exfiscales y exfuncionarios de gobiernos anteriores, así como alcaldes, empresarios, más de una veintena de diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalados de corrupción o mala praxis política, que están siendo investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Muchos hemos apoyado las resoluciones de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la reforma política por vía de la interpretación constitucional; pero de la misma manera, también hemos criticado aquellas resoluciones en las que a nuestro juicio se han extralimitado o equivocado. También, hemos apoyado el trabajo del nuevo fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en la titánica tarea de investigar los casos arriba señalados.

Pero, tenemos la preocupación de que en los tres casos de mayor importancia investigados por la FGR, las cosas no han salido muy bien. En el caso de la tregua, los capturados y acusados fueron liberados, aunque los juicios continúen. En el caso del empresario Enrique Rais, sus abogados, un fiscal y el ex fiscal general, todos han sido liberados, aunque los juicios continúan también. Y en las investigaciones contra el expresidente Mauricio Funes, hemos visto un caso mediático, en el que pareciera que aún no hay suficientes pruebas que lo incriminen en malversación de fondos.

El fiscal, buscándole explicación a los pocos resultados obtenidos, ha dicho que el problema está en los malos jueces, porque en el Sistema Judicial también hay clicas. Denunció que existe presión de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para favorecer a acusados de ser parte o cómplices, de la estructura delincuencial que está siendo procesada en San Miguel.

Por el bien del país, esperamos que haya más coordinación y entendimiento entre la FGR, la PNC y el Sistema Judicial. Que se fortalezca la Unidad Anti Impunidad, recientemente estrenada con los casos Rais y Funes. Y que el señor fiscal en forma imparcial combata la corrupción de cualquier signo político o estatus social.

Pero, es igualmente urgente e importante, un acuerdo para resolver el grave problema de falta de liquidez financiera. El Gobierno está dando los primeros pasos al focalizar subsidios, aunque faltan otras medidas de austeridad, transparencia y eficiencia, anunciadas al inicio del periodo presidencial. Una Ley de Responsabilidad Fiscal y una Reforma Fiscal, que ordene financieramente al Gobierno y combata la evasión y elusión fiscal. Y que la derecha haga su parte, apoyando la inmediata aprobación de los $1,200 millones, necesarios para el funcionamiento del Estado y para evitar caer en impago.

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