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En el mes del acceso a la información

El 28 de septiembre de cada año y desde 2002, se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, instituido en Sofía, Bulgaria, por la Red de Activistas por la Libertad de Información, con el objeto de reivindicar el derecho humano del acceso a la información.
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 En las próximas semanas, entidades estatales y de la sociedad civil alrededor del mundo organizarán actividades alusivas a dicho derecho, por lo que es oportuno reflexionar sobre la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) en el país.

En primer lugar, debe subrayarse que ha habido cambios positivos, pues sin duda que la LAIP marcó un antes y después, ya que a pesar de los múltiples obstáculos que tuvo su implementación, a cinco años de su entrada en vigor se puede afirmar que hay mucha información disponible que antes no lo estaba. Esto no significa que no haya grandes resistencias de algunos entes obligados cuando se trata de información políticamente sensible, y es ahí donde aparecen los abusos en las declaratorias de información reservada.

El papel de la Sala de lo Constitucional ha sido fundamental para proteger el derecho de acceso a la información pública. Basta recordar las distintas sentencias que reconocieron su carácter de derecho fundamental como una derivación de la libertad de expresión regulada en el art. 6 de la Constitución. Asimismo, fue de gran importancia la inconstitucionalidad del Reglamento de la LAIP, el cual pretendía limitar el contenido de la ley excediendo la facultad de potestad reglamentaria que tiene el Ejecutivo.

Recientemente, ha sido clave el fallo del primer proceso de amparo contra el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el cual vino a establecer que violó el derecho de acceso a la información, al confirmar la reserva de la Presidencia de la República de la información sobre viajes presidenciales, gastos de publicidad y de atenciones a comitivas internacionales. Esta sentencia es muy importante porque corrige el criterio errado e ilegal que aplicó el Órgano Ejecutivo y que vino a secundar de forma incomprensible el IAIP. Este atropellado caso, que por suerte fue amparado por la Sala de lo Constitucional, puso al descubierto muchas irregularidades, tales como el sorpresivo extravío de información en manos de la Presidencia, así como los criterios absurdos que se señalan cuando se quiere que prevalezca el secretismo.

El IAIP ha tenido también un rol importante velando por el acceso a la información, y es por ello que debe fortalecerse, además es necesario que sus comisionados tengan siempre el compromiso firme de velar por el principio de máxima publicidad que contempla la LAIP, tal como lo han hecho en la mayoría de los casos.

Por otra parte, es preocupante lo que se vio este martes pasado en la cuenta de Twitter del sitio web gubernamental, mal llamado “Transparencia Activa”, en donde se señaló que apoyarán “una reforma del abuso al derecho porque un ciudadano puede pedir 2 millones de documentos y colapsar una institución”. Hay que poner las cosas en su justa dimensión, abusos se dan cuando los entes obligados declaran reservas de información sin fundamento o cuando se extravía información. El ciudadano puede ejercer su derecho constitucional millones de veces si quiere y cualquier norma que venga a restringir el acceso a la información, sería inconstitucional.

En este mes en el que se celebra el Día Internacional del Derecho a Saber, es necesario recordar la importancia del acceso a la información para promover la transparencia, disuadir las prácticas corruptas y para empoderar a la ciudadanía pues la información pública le pertenece.

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