En el plano institucional, lo primero que hay que asegurar es que las instituciones cumplan de veras con sus responsabilidades

En verdad, la voluntad ciudadana se está volviendo el aliado principal de la evolución democrática, y eso el poder establecido, en todas sus formas, tiene que reconocerlo y aceptarlo, aunque en muchos sentidos le pese.
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Vivimos en el país un momento de contrastes que no tiene precedentes como tal en nuestro desenvolvimiento histórico ni siquiera en los tiempos más recientes, ya cuando el ejercicio democratizador estaba tomando cuerpo e incidencia en los diversos ámbitos de la realidad nacional. De seguro el contraste más visible es el que se da entre la galopante inseguridad que el país y su sociedad padecen y el surgimiento creciente de dinámicas que buscan dar seguridades de que el desempeño institucional corresponderá en los hechos a lo que la ley establece y a lo que el progreso demanda.

En estos momentos, los puntos más sensibles son los que se refieren a la corrupción, a la impunidad y a la transparencia, en relación con el tratamiento de las conductas tanto públicas como privadas. Instituciones como la Fiscalía General de la República y la Corte de Cuentas de la República están en la mira del ojo público, porque es evidente que vienen de una tradición en la que el cumplimiento de las respectivas obligaciones institucionales ha estado sometido a los intereses del poder de turno. Eso es justamente lo que ahora está cambiando, y en lo que toca a la Fiscalía General, la reciente llegada de un nuevo titular trae señales prometedoras de que se seguirá una ruta de corrección y de buen desempeño.

Pero desde luego el proceso de reordenamiento de las conductas en el ámbito público debe abarcar todas las entidades que conforman el entramado de dicho sector, comenzando por las que están en las cúpulas del mismo, es decir, los tres Órganos fundamentales del Gobierno. El país viene de padecer en forma consuetudinaria el imperio del Ejecutivo sobre todas las demás estructuras estatales, y eso llegó a volverse la característica más notoria e influyente del estilo de vida institucional prácticamente desde siempre; pero la democracia en acción, pese a todas sus limitaciones, va poniendo las cosas en su puesto, y así vemos cómo se está imponiendo ya una mucho más real división de poderes. Las resistencias sobreviven, pero se hacen cada vez menos determinantes.

Desde la ciudadanía, estos giros renovadores no sólo se siguen con atención sino que también se impulsan con creciente decisión. En verdad, la voluntad ciudadana se está volviendo el aliado principal de la evolución democrática, y eso el poder establecido, en todas sus formas, tiene que reconocerlo y aceptarlo, aunque en muchos sentidos le pese. Y de seguro esta tendencia, que tiene carácter histórico, se irá volviendo más fuerte con el paso de los días, porque responde a lo que debe ser en el exacto sentido de este término.

En la medida que todas las instituciones del país vayan entrando en el carril de su propia responsabilidad, podremos ir viendo resultados positivos verdaderamente sustentables en las diversas áreas de la problemática nacional. Porque en ningún momento hay que perder de vista que los problemas en gran medida se nos han venido haciendo inmanejables por fallas y errores acumulados en el enfoque y en el tratamiento de los mismos. Corregir sistemáticamente tales vicios es, entonces, una tarea de recuperación de credibilidad y de afirmación de efectividad.

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