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En la lucha contra la violencia delincuencial lo primero que se requiere es ganar credibilidad ciudadana

La ciudadanía es, sin ninguna duda, la víctima mayor de este caótico estado de cosas, y, por consiguiente, son las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía las que hay que atender en primer término.
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Venimos viendo a diario en nuestro ambiente cómo la población expresa con creciente impaciencia el reclamo de que se haga algo verdaderamente significativo en la lucha contra todas las fuerzas y acciones criminales, de la naturaleza que sean. Esto, que es un clamor generalizado y persistente, tendría que ser respondido, desde la institucionalidad tanto política como gubernamental de manera igualmente unitaria, para corresponder a lo que la situación demanda, por encima de los planteamientos reductivos que responden a intereses específicos, sobre todo de índole política o ideológica.

Desafortunadamente, la atmósfera nacional sigue contaminada por los virus radicales del pasado, y eso, que ya no puede traducirse en esquemas sostenibles para nadie, impide en buena medida que haya condiciones naturales para impulsar esfuerzos que tengan posibilidades de generar estrategias de auténtica significación en los hechos. La criminalidad no sólo se ha salido de control en el terreno sino también en los enfoques de aquéllos que están más directamente obligados a darle tratamiento. Es por ello que, desde distintos ángulos del panorama social, crece el apremio de activar nuevas actitudes que conduzcan a nuevas posiciones.

Cuando hay un desafío tan fuerte y agresivo como el que representa para el país la inseguridad en sus diversas expresiones, la racionalidad básica indica que hay que enfocarlo y asumirlo de manera integral e integrada. Uno de los riesgos más graves es la politización de la tarea por hacer, pues entonces ya no se ve el problema en sí sino las ganancias tácticas que supuestamente podrían obtenerse de actuar sesgadamente de una u otra manera. No se trata, y hay que decirlo con claridad, de tomar posiciones autocomplacientes de Gobierno o posiciones aguerridas de oposición. Precisamente una de las claves vitales de la democracia consiste en que el Gobierno y la oposición, que son cambiantes conforme a las decisiones sucesivas del voto popular, aporten sus respectivos poderes a la búsqueda clara y sincera de soluciones.

Lo que nadie debe perder de vista en ningún momento, tanto en el campo de las fuerzas organizadas como en el ámbito abierto de la llamada sociedad civil, es que no existe ningún problema de los de fondo que pueda ser manipulado o mediatizado sin gravísimas consecuencias para la normalidad y la estabilidad del sistema en su amplio conjunto. Esto tendríamos que tenerlo sobradamente sabido por experiencia histórica reiterada. El principal problema que trastorna la cotidianidad es la violencia que ejercen y despliegan los grupos que desde la ilegalidad han buscado espacios de dominio y de control, en detrimento de todos los derechos ciudadanos.

La ciudadanía es, sin ninguna duda, la víctima mayor de este caótico estado de cosas, y, por consiguiente, son las necesidades y las aspiraciones de la ciudadanía las que hay que atender en primer término. Y la base tiene que ser la confianza. En este momento, el sentir ciudadano es desconfiado al máximo, y revertir tal sentimiento en cuanto a las posibilidades reales y verificables de construir seguridad en todos los sentidos se vuelve lo más importante.

Eso sólo podrá lograrse si hay un propósito verdaderamente compartido, con un método de trabajo convincente, con una agenda que abarque todos los temas y con un calendario que marque compromisos en el tiempo.

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