En la lucha contra todas las formas de criminalidad lo más importante es hacer efectivo el imperio de la ley

Si hay un problema de nación que demanda tratamiento urgente y decisivo es el problema de la inseguridad que nos agobia en todo sentido.
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Es un hecho sabido y vivido hasta la saciedad que el crimen ha venido tomando posesión del ambiente nacional, sin que hasta el momento se hayan producido muestras constatables de que la institucionalidad está en vías de retomar el control de la situación. Y como todo, este ha sido un proceso acumulativo en el tiempo, en el que las permisividades y los retraimientos de la autoridad le han dado fuerzas y alas a los diversos propósitos criminales. Hemos llegado al punto en que la ciudadanía se ha vuelto prácticamente rehén de la delincuencia, que controla territorios, impone sus reglas a capricho e irrespeta todos los derechos sin ningún disimulo.

Las cosas han llegado al punto en que uno de los blancos principales del accionar pandilleril son las mismas autoridades y sus agentes en el terreno. Esta ya es una guerra abierta, y si no se toman cuanto antes las medidas para contrarrestarla en serio nos puede poner, como país, en condición de tierra de nadie, que es lo peor que podría ocurrir. Resulta indispensable, pues, actuar cuanto antes, y en todos los ámbitos donde las conductas criminales y antisociales están haciendo de las suyas. Esta es una emergencia nacional que ya nadie puede poner al margen, y mucho menos las instituciones correspondientes y sus respectivos liderazgos.

Si bien el punto de los homicidios es el que viene haciéndose más visible por su propia naturaleza, hay que reconocer sin ambages que el tema de las extorsiones es una plaga cada vez más extendida y con efectos realmente devastadores sobre la normalidad de la vida personal y productiva. No es casual que en la perversamente llamada “tregua” que se impulsó en 2012 no se hiciera ninguna referencia a las extorsiones crecientes. Hoy ninguna falacia como aquélla podría prosperar, porque los hechos han llegado al límite. Hay que actuar a fondo y sin contemplaciones, de cara a la realidad y no en función de versiones distorsionadas e interesadas de la misma.

El Gobierno acaba de presentar una propuesta de ley para la lucha contra las extorsiones. Es un instrumento con el que habría que contar cuanto antes, y si es posible mejorarlo de inmediato pues hay que hacerlo sin demora. Cuestiones como la persecución de oficio, la extinción de dominio de los fondos conseguidos por extorsión y el efectivo control de las comunicaciones en los penales de donde salen las órdenes que alimentan estos ilícitos son decisivas para la lucha que hay que hacer sin reservas. Pero lo verdaderamente significativo es asegurar la efectividad del accionar institucional, con la ley en la mano y con la voluntad puesta a su entero servicio.

Durante todo el tiempo transcurrido desde que este cada vez más complejo y extenso fenómeno tomó impulso allá en los inicios de la posguerra, lo que ha prevalecido son los paños tibios, los arrebatos improductivos, como fueron las tristemente famosas “manos duras”, y los disimulos culpables. Ya no hay ningún espacio disponible para lo que no sea actuar con determinación eficiente, a partir de una estrategia debidamente integrada y consensuada. Si hay un problema de nación que demanda tratamiento urgente y decisivo es el problema de la inseguridad que nos agobia en todo sentido.

Hay que legislar en esa línea, pero sobre todo hay que hacer eficiente y confiable el cumplimiento de las leyes, para que los que de cualquier manera se salgan del carril establecido por las mismas carguen sin falta y sin escape con las consecuencias.

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