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¡En la víspera del no sé qué!

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Después de un año, el país ya tiene nuevamente integrado el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), tal como establece la Carta Magna, producto del Acuerdo de Paz. Supongo que se trata de personas honorables, profesionales calificadas y responsables, que llenan todos los requisitos que exige su alta investidura y, sobre todo, comprometidas con el país, que tienen, entre sus exigencias importantes, la aplicación universal de la justicia, promover la transparencia, combatir la impunidad y la delincuencia desbordada. Y todo ello en procura de la consolidación de la democracia. La dilación en su nombramiento por parte de la AL no ha pasado desapercibida; por el contrario, a la mayoría le queda claro, una vez más, que quienes hacen las leyes son los primeros en incumplirlas.

El reparto partidario, como ha sido la tónica en las elecciones de segundo grado, no estuvo ausente en una de las elecciones de funcionarios que tienen ante sí una formidable tarea y un enorme desafío frente a próximos electorales, que pueden fortalecer la democracia o destruirla. Ya el Centro de Estudios Jurídicos, en su columna del lunes pasado en LPG, nos ilustró sobre estos temas y, en lo personal, hemos recibido con beneplácito su mensaje, en el sentido de que ellos no bajarán la guardia, como tampoco nosotros. Lo que está en juego con esta y otras elecciones de la misma categoría no permite actuar como simples espectadores.

Y si repetimos algo sobre lo que ya opinó el CEJ es por todo lo que está pasando en el país y, sobre todo, por el papel, yo diría inédito, en la elección de cinco nuevos magistrados del Órgano Judicial en 2018, cuando serán designados cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional, ninguno de los cuales puede ser cualquiera para que comiencen a desvanecerse la esperanza y las ilusiones que han traído para la sociedad, el haber contado desde 2009 con magistrados que han sido un garante de la justicia, la salvaguarda de nuestros derechos y, sobre todo, un baluarte para apuntalar nuestra joven democracia.

Pero la completa configuración del CNJ es solo un tema de lo que ha mantenido preocupada a la población, especialmente por la forma arbitraria y sin el más mínimo atisbo de ética política. Estamos vigilantes de los próximos pasos de la AL en otra elección crucial, informados de las reiteradas pifias y la tozudez con que ha actuado en la elección de las máximas autoridades de la Corte de Cuentas. Si no recuerdo mal, por quinta vez, la SC les ha enmendado la plana, al tratar infructuosamente de controlar por esta vía entidades claves, con propósitos inconfesables, pero que en el imaginario colectivo son muy claros.

Medio mundo piensa que gran parte de la corrupción que afecta al país se debe en buena medida al pobre papel del responsable de velar por el buen uso de los recursos públicos. El Chaparral, la Diego de Holguín, el Puerto de la Unión Centroamericana (¿¿??), el SITRAMSS, etcétera, son solo expresiones grotescas recientes de ello. ¿Y dónde queda el otorgamiento de finiquitos exprés a expresidentes ahora enjuiciados por supuestos delitos de enriquecimiento ilícito? En esto hay tirios y troyanos.

Y finalmente. La mayoría coincide en que, aunque algunas sentencias no han gustado, la Sala no está contra la izquierda como cobardemente lo pregonan miembros prominentes del partido. Lo que sí ha hecho –entre otras cosas encomiables– es que el FMLN tome por asalto todo el Estado, anular las barbaridades constitucionales cometidas por la AL, combatir la corrupción y la impunidad; el crimen organizado, el narco lavado y, en general, ejercer el control constitucional. El repudio de la ciudadanía ante la actitud irresponsable del partido de acosarla con sus huestes es, por el contrario, de valientes. Pero vivir en una democracia, aunque vulnerable, también permite privilegios raros. Entonces, a quien le quede el guante, que se lo ponga.

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  • juan hector vidal
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