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En las condiciones actuales del país, lo que queda en mayor evidencia es que toda la institucionalidad pública está en la mira investigadora

Hasta hace muy poco, el trabajo de investigación fiscal y la labor de aplicación de la justicia estaban literalmente bajo la férula del poder político, y eso es lo que hoy parece estarse desactivando, ojalá en forma definitiva, porque es lo que garantizará la buena marcha del proceso democrático.
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Una vez iniciada la dinámica del destape de las actuaciones irregulares en las distintas esferas de la institucionalidad pública, y en especial en los más altos niveles de la misma, se viene manifestando en el ambiente un interés cada vez mayor por llegar, en todo caso, al fondo de los hechos, porque es evidente que no se trata de conductas aisladas sino de una vieja forma de proceder desde el poder que por fin parece estar entrando en crisis a la luz del avance de la transparencia y de la lucha activa contra la corrupción y la impunidad. En primer término, habría que reconocer que la acción investigativa institucional y la actuación de la justicia van ganando terreno, aunque haya, sobre todo en este último ámbito, mucho por sanear y mucho por recomponer. Hasta hace muy poco, el trabajo de investigación fiscal y la labor de aplicación de la justicia estaban literalmente bajo la férula del poder político, y eso es lo que hoy parece estarse desactivando, ojalá en forma definitiva, porque es lo que garantizará la buena marcha del proceso democrático.

El hecho de que se esté llegando con más determinación y consistencia hasta los nichos tradicionalmente intocables del presidencialismo es una clara señal de que el ejercicio de limpieza tiene visos de ser una función que ha llegado para quedarse. En este momento, los dos ex Presidentes anteriores al actual están siendo sometidos al imperio de la ley por actuaciones presuntamente delictivas en el manejo de fondos públicos. Mucho de lo que era voz ciudadana al respecto está ahora convirtiéndose en actuación legal. Y eso promueve muchos otros destapes en áreas como las contrataciones institucionales y la actuación de entes encargados de vigilar la sanidad de las cuentas de aquellos que ejercen funciones gubernamentales. Desempeños como el de la Corte de Cuentas de la República también están entonces en la mira.

Lo que queda de manifiesto con todo lo que está pasando en estos variados campos es que hay importantes signos de fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, que por otra parte sigue sufriendo los embates de la criminalidad organizada que no deja de hacer de las suyas en el terreno. Es momento, pues, de integrar esfuerzos en todas las áreas, y eso requiere proveer a las distintas entidades encargadas de la lucha contra el crimen y del mantenimiento de la seguridad de cuanto sea necesario, tanto en lo financiero como en lo orgánico, para que los impulsos revitalizadores del orden legal y de la justicia como acción concreta puedan ser suficientes y sostenibles en el curso del tiempo.

La ciudadanía, en sus diversas expresiones, tiene que persistir en la vigilancia de los distintos procesos institucionales, para contribuir al aseguramiento de la modernización en marcha. Y las instituciones de toda índole, y muy en particular aquellas que tienen a su cargo directo la preservación y la promoción de la legalidad, deben profundizar cada vez más en la responsabilidad que tienen asignada, como prueba de que están ahí para cumplir con su deber sin reservas ni evasivas. Se trata, pues, de una especie de misión permanente, que todos tendríamos que asumir en la parte y en la medida que nos corresponde.

No hay que cejar ni un solo instante en el empeño de que nuestro sistema institucional sea de veras confiable y eficiente. Para ello hay que erradicar toda forma de corrupción y toda expresión de abuso, vengan de donde vivieren. La legalidad y la probidad se deben hacer valer a toda costa.

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