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En materia presupuestaria, menos retórica y más matemática

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Es imperativo que la administración Bukele entienda que las preguntas alrededor del financiamiento del presupuesto, el pago de la deuda de corto plazo y el despilfarro en materia propagandística no son un capricho de las fuerzas políticas representadas en el congreso.

Todo lo que concierne al Presupuesto General de la Nación es de naturaleza política; además de que en cuanto instrumento encarna la visión gubernamental sobre el desarrollo humano en el próximo quinquenio, es por sí misma una herramienta de confección del poder toda vez que modifica, ya sea consolidando o erosionando, los pesos de los distintos poderes e instituciones del Estado.

Por eso mismo, por su impacto en la vida de todos los ciudadanos, por su influencia en la distribución del ingreso, en los servicios y oportunidades que se abren o se cierran para sectores completos de la sociedad, si algo debe someterse a escrutinio y debate es el presupuesto.

Es inevitable que en democracias presidencialistas como la nuestra, de entre todas las voces en concierto sobre este tema la que se destaque sea la oficialista. Pero aunque la tentación de todos los gobiernos y ni se diga del nuestro es monopolizar la discusión sobre la agenda pública –y mejor aún si es posible reducirla a una narrativa simplificada y emocional–, el influjo que la relación entre los ingresos y los gastos públicos tiene en el modelo mismo de desarrollo de un país exige perseguir un equilibrio. La inevitable tensión entre el piso del bienestar, el gasto social, la carga impositiva y la inversión privada supone sí o sí realismo en el análisis, pragmatismo en la propuesta y templanza en la ejecución.

Aun en sociedades que viven en permanente atmósfera electoral como la nuestra, las fuerzas políticas han conseguido mantener este tema en una esfera técnica. Es que al fin de cuentas, si bien el establecimiento de los problemas públicos a los que el presupuesto pretende poner fin es un acto de poderosa carga ideológica, llega un momento del proceso en el que los conceptos pasan a segundo plano, cediendo su peso a la viabilidad. Un buen gobierno es aquel que entiende hasta a dónde llevar la retórica y en qué momento sacrificarla ante la matemática.

Ahí está hoy la clave del entrampamiento en la discusión de nuestro país. El ministro Alejandro Zelaya ya hizo la declaración que le interesaba a los propagandistas de los dos partidos de la esfera oficial, la relacionada con que nunca antes se previó una inversión social tan fuerte; además, ya tuvo un celebrado careo con los diputados opositores, material asaz útil para la máquina de desprestigio político preelectoral. Ya se estableció, se dijo y se repitió, con visos de eslogan y merced a la colaboración del presidente de la República, que si los diputados no aprueban inmediatamente el presupuesto, se están poniendo del lado equivocado de la historia, y el etcétera filípico que caracteriza al mandatario.

Una vez cumplido todo el manual retórico, un apetito ante el que otros presidentes también se rindieron, es imperativo que la administración Bukele entienda que las preguntas alrededor del financiamiento del presupuesto, el pago de la deuda de corto plazo y el despilfarro en materia propagandística no son un capricho de las fuerzas políticas representadas en el congreso, sino legítima competencia de la ciudadanía. Al negarse a responder a las preguntas de los parlamentarios y actuar con aparente albedrío, el ministro de Hacienda desnaturaliza su rol, compromete el trabajo de su staff y le da la espalda a la Ley de Responsabilidad Fiscal y a la carta magna.

En plena efervescencia por la democracia directa, al menos a tenor de los dichos del vicepresidente acerca de nuestra Constitución, no se esperaría del Gobierno nada que no sea incorporar la opinión de los sectores más importantes en el proceso de aprobación presupuestaria. Y eso incluye como mínimo a las fuerzas políticas concurrentes en el parlamento.

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