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En nuestro país continúa el destape de actividades dentro de la institucionalidad pública que riñen con la ley y con el orden establecido

Al menos, hasta hoy, el hecho de que situaciones que antes quedaban cubiertas bajo el más espeso manto del silencio y de la impunidad estén saliendo a la luz es una muestra reveladora de que ya no hay tapaderas intocables, y ese es un avance que hay que potenciar. De seguro, si en este caso específico se llega al fondo en todos los aspectos y sentidos, eso además quedará como advertencia preventiva muy poderosa.
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Como es notorio desde hace algún tiempo en el ambiente nacional, algunas entidades institucionales directamente vinculadas con la lucha contra la corrupción y la impunidad, como la Fiscalía General de la República, la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Ética Gubernamental, vienen avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones establecidas por disposición legal; y eso, que es una dinámica novedosa en muchos sentidos, va generando una creciente expectativa ciudadana, más aún en esta época en que el rol participativo de la ciudadanía adquiere cada día mayor peso significativo dentro del quehacer nacional en todas sus manifestaciones y derivaciones.

En estos momentos, temas como el desarrollo del juicio que se sigue en un Juzgado Especializado de Sentencia por los presuntos ilícitos institucionales que se produjeron a raíz de la llamada “tregua entre pandillas”, allá desde 2012, están en la primera línea de la atención del público. El fenómeno de la “tregua” se inició con todas las apariencias de ser una iniciativa responsable, que se proponía disminuir los hechos criminales y avanzar hacia el desmontaje de esa forma de criminalidad organizada en el terreno; pero no tardó mucho en aparecer el verdadero sentido de aquel planteamiento: favorecer la imagen gubernamental con una baja de homicidios totalmente calculada, compensar a los pandilleros encarcelados con beneficios no permitidos, fortalecer las estructuras delincuenciales dejándolas actuar con más libertad y crear en definitiva un entendimiento permanente de interés mutuo.

Más allá de las culpas específicas que pudieran surgir del proceso, hay en todo esto una utilización perversa de los instrumentos políticos que atenta directamente contra la normalidad del sistema de vida y contra la integridad del Estado de Derecho. Y esto último es lo que debe resultar fortalecido del destape total de esta experiencia que ha dejado ya tantas lecciones que es preciso reconocer y asumir al máximo.

Como principio básico que en ningún caso ni circunstancia debe ser tergiversado o socavado está la responsabilidad institucional, ejercida a plenitud en todo momento. El Estado, en sus múltiples expresiones, debe ser el principal defensor y promotor de la legalidad; y cualquier desvío al respecto constituye un atentado que debe ser puesto en evidencia con todos los efectos legales correspondientes. Al menos, hasta hoy, el hecho de que situaciones que antes quedaban cubiertas bajo el más espeso manto del silencio y de la impunidad estén saliendo a la luz es una muestra reveladora de que ya no hay tapaderas intocables, y ese es un avance que hay que potenciar. De seguro, si en este caso específico se llega al fondo en todos los aspectos y sentidos, eso además quedará como advertencia preventiva muy poderosa.

Lo más importante, pues, es que el accionar institucional esté debidamente ajustado a la ley y al orden establecido, lo cual debe partir del compromiso claro y confiable de las instituciones y de quienes las representan. El punto clave inicial, entonces, está en la idoneidad de los funcionarios, tanto en lo técnico como en lo moral. Hay que superar, de una vez por todas, perversiones como la improvisación abusiva y el clientelismo político, para que la institucionalidad se mantenga sana y la democracia pueda ir consolidándose cada vez más.
 

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