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La crisis que vive El Salvador no será resuelta por quienes abrazan el centralismo, promueven la polarización y obstaculizan que los ciudadanos tengan un peso específico. Prueba de ello es que prevalece la aritmética partidaria-legislativa, se ahoga financieramente a las municipalidades, dirigentes partidarios siguen estigmatizando a la empresa privada y EUA, se propaga aversión hacia la Sala de lo Constitucional y el poder público continúa concentrándose en cúpulas partidarias y económicas en la ciudad-capital.

Para revertir esta tendencia, es necesario que los tomadores de decisión comprendan que el país es la suma de 14 departamentos y 262 municipios. El Salvador es la suma de los sectores público, social y productivo en todo el territorio nacional. El reto es, entonces, que actores públicos y privados aúnen esfuerzos para superar problemas sociales que ningún sector puede resolver solo. Esa es la clave para salir adelante. De lo contrario, seguirá predominando el odio, la confrontación, el clientelismo y el asistencialismo.

Por otra parte, las tres principales condiciones que agudizan la crisis nacional son: (1) lento crecimiento económico, (2) intrincada corrupción y (3) extendida violencia delincuencial. Por lo tanto, es ilógico continuar en la ruta de la polarización y el centralismo. Una opción democrática es que los actores públicos y privados contribuyan a la cohesión social a nivel local y que los salvadoreños se involucren constructivamente en la defensa de sus derechos e intereses.

Estar en primera línea significa que los ciudadanos y sus organizaciones levanten su voz responsablemente. De hacerlo, es probable que (1) los gobernados se hagan escuchar en el período electoral 2017-2019 y (2) los contribuyentes dejen de mirar hacia otro lado mientras las cúpulas partidarias se reparten el aparato estatal y socavan las finanzas públicas. El punto es evitar que El Salvador toque fondo. ¿Cómo hacerlo? Convirtiendo al país en un poder compartido a través del liderazgo colectivo y fijando objetivos comunes. A continuación de presentan tres acciones estratégicas.

Acción 1. Dinamizar la participación ciudadana para incidir en las agendas y votaciones municipales, legislativas y presidenciales de 2018 y 2019. Los próximos años serán propicios para que las cúpulas partidarias escuchen a los electores y los contribuyentes exijan rendición de cuentas.

Acción 2. Potenciar la voz ciudadana de cara al ajuste fiscal que el gobierno está por suscribir con el FMI. Es vital que organizaciones cívicas –con apoyo del círculo académico y medios de comunicación– propugnen por el ordenamiento de las finanzas públicas y por un crecimiento económico con equidad social.

Acción 3. Instalar un foro ciudadano permanente. No se trata de ir contra el gobierno de turno ni de sustituir el rol de los partidos políticos. Se trata de tener voz propia, proponer soluciones e impulsar la cooperación pública-privada para ampliar las oportunidades de los salvadoreños en sus lugares de origen.

Conclusión: ha llegado la hora para que los ciudadanos estén en primera línea. Este paso es necesario porque los gobernantes que han sumergido al país en la actual crisis no pueden superarla por sí solos. Al contrario, la profundizan cada día más. Para muestra un botón: los atrasos en los desembolsos FODES y el palpable presidencialismo en el quehacer gubernamental refuerzan el centralismo. Por ello, la ciudadanía debería reivindicar un “ajuste fiscal con más democracia”.

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