En tanto no haya una estrategia debidamente integrada para atacar la inseguridad, ésta continuará haciendo de las suyas

Institucionalmente hablando, hay que dejar atrás la malsana rutina de las improvisaciones así como cualquier tentación de inventar salidas de emergencia que en definitiva no pueden conducir a nada concreto y sostenible.
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El accionar delincuencial no se detiene en nuestro país, y todo lo que se ha puesto en marcha para contrarrestarlo ha sido hasta la fecha de resultados insuficientes, cuando no contraproducentes. No se podría negar que estamos viviendo un período de emergencia en lo referente al accionar criminal, que tiene múltiples expresiones en la cotidianidad de los salvadoreños; pero justamente el hecho de que haya una emergencia tan apremiante y agobiante demanda que se busque y se aplique una estrategia que no sólo contenga medidas de emergencia, sino que vaya al fondo de lo que hay que atacar, que son las estructuras del crimen, las fuentes de las que éste se alimenta y los caldos de cultivo que le dan capacidad de expansión.

Se debe entender y reconocer de una vez por todas que esta complicadísima inseguridad que padecemos es un fenómeno que tiene profundas raíces en nuestra realidad y, por consiguiente, no puede ser erradicada con podas de ocasión: hay que hacer una limpieza real del terreno en todos los órdenes, usando el imperio de la ley como instrumento básico e insustituible, e instalando los mecanismos de verificación que sean necesarios para controlar de manera proactiva el avance que se vaya teniendo en los hechos. Lo que al respecto se ha visto hasta hoy es una sucesión de valoraciones sobre expectativas y efectos, pero sin que se dé ningún balance real de lo que se va logrando, porque esto sigue siendo muy aleatorio; y, entretanto, la población continúa sufriendo las consecuencias y el país se mantiene atrapado en el círculo aterrorizante de las amenazas y las depredaciones.

Todo se complica aún más porque los ahogos financieros hacen que la gestión gubernamental esté constantemente a la búsqueda de recursos, sea como sea, lo cual dificulta los acuerdos políticos para hacer avanzar estrategias consensuadas. Y es que cuando hay situaciones institucionales fuera de control, la politización de las mismas se da por efecto inmediato, lo cual contribuye a crear nuevos trastornos. Esto lo venimos viendo, para el caso, en el tema del endeudamiento público que ya sobrepasó sus límites de sostenibilidad y en el tratamiento de problemáticas tan desafiantes y comprometedoras como es la de seguridad.

Se tendría que partir de una planificación verdaderamente analizada y proyectiva, en contraste con lo que se tiene hasta la fecha, sin dejar de seguir trabajando intensivamente en el terreno; y es que las condiciones tan alarmantes en que nos hallamos inmersos no admiten parar el esfuerzo de lucha anticriminal: lo que se requiere es reencauzar y reordenar esa lucha según planteamientos que no respondan a enfoques politizados ni a intereses partidarios, sino que busquen resultados acordes con lo que la sociedad y el país están demandando.

Institucionalmente hablando, hay que dejar atrás la malsana rutina de las improvisaciones así como cualquier tentación de inventar salidas de emergencia que en definitiva no pueden conducir a nada concreto y sostenible. La criminalidad es un mal agresivo que ya hizo múltiples metástasis, y así hay que encararlo y atacarlo. De no hacerlo así, los políticos recibirán sus facturas en las urnas y la situación del país se hará cada día más invivible.

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  • inseguridad
  • delincuencia
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