En todo Estado de derecho las sentencias deben cumplirse

Actualmente existen retrasos en el cumplimiento de cuatro sentencias emitidas por la Sala de lo Constituciona
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Actualmente existen retrasos en el cumplimiento de cuatro sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional, lo que es grave, puesto que en un Estado de derecho las sentencias se emiten para cumplirse, lo cual implica que además de obedecer con estricto rigor su contenido, se acaten prontamente y si se ha fijado un plazo, que se respete; caso contrario, se transgrede el ordenamiento jurídico y se pone de manifiesto el irrespeto a la autoridad judicial, lo cual es más grave si proviene del mismo Estado.

Las sentencias de inconstitucionalidad pendientes de cumplirse por la Asamblea Legislativa se refieren a los temas siguientes: voto cruzado, transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, concesiones sobre el espectro radioeléctrico, y pensiones.

En cuanto a la sentencia sobre el voto cruzado para elegir a los diputados, el Órgano Legislativo delegó su facultad de legislar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), lo cual no es permitido por la Constitución, pues las facultades de los órganos fundamentales de Gobierno son indelegables. El TSE tuvo que emitir normativa de forma temporal para que se aplicara en las elecciones de 2015. Tomando en consideración que los próximos comicios serán hasta 2018, tenemos tiempo suficiente para que se aprueben las reformas con la debida antelación, a efecto de que sean implementadas correctamente y no se presenten problemas durante la votación y en el conteo de los votos.

Con relación a la sentencia sobre la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, la Sala de lo Constitucional, en una resolución de seguimiento la tuvo por no cumplida, al contradecirse los parámetros que estableció, pues en la Ley de Partidos Políticos se incluyó como paso previo a dar la información sobre el financiamiento, que los donantes dieran su consentimiento, lo cual es una restricción al derecho de acceso a la información. La Asamblea Legislativa debe aprobar la normativa respectiva para que exista certidumbre en la exigencia de las obligaciones de transparencia.

Con respecto a la sentencia sobre las concesiones del espectro radioeléctrico, la Asamblea debió haber aprobado las reformas a la Ley de Telecomunicaciones antes del 31 de diciembre de 2015, habiendo la Sala de lo Constitucional otorgado una prórroga de tres meses, las cuales deben referirse a dos aspectos: los mecanismos alternativos a la subasta para la adjudicación de las concesiones y las condiciones de las prórrogas de tales servicios. La reforma debe respetar los derechos adquiridos de los medios de comunicación que actualmente son concesionarios, y además debe basarse en criterios técnicos y transparentes, los que bajo ningún concepto deben vulnerar o restringir la libertad de expresión.

La última sentencia se refiere a la rentabilidad de los ahorros del fondo de pensiones que se invierten de forma obligatoria en los Certificados de Inversión Previsional (CIP), emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, para financiar con recursos de los trabajadores las pensiones del antiguo sistema público. La reforma legal debe contemplar una tasa de interés de mercado en lugar de la diminuta tasa que actualmente devengan los CIP, con el fin de garantizar a los trabajadores que cotizan una mejor pensión. Ante el retraso, la Sala fijó un plazo de 15 días para cumplir con la sentencia, y si este sigue, se afecta aún más a los cotizantes.

Es importante que en la Asamblea Legislativa se aprueben las respectivas normativas para cumplir las cuatro sentencias de inconstitucionalidad planteadas en este artículo, las cuales deben respetar a cabalidad los parámetros establecidos en las mismas, pues es premisa fundamental de todo Estado de derecho que las sentencias judiciales se cumplan.

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