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En torno al presupuesto (II)

Mitos y realidades. Partiendo de la base del presupuesto aprobado claramente desfinanciado, con visos de inconstitucionalidad y bajo la certeza de que nuevamente la oposición minoritaria llegó a acuerdos bajo la mesa con los diputados del FMLN, el lunes anterior nos referimos deliberadamente al gasto público superfluo y sin control, en “minucias” (ONG, buen vivir, pinturas, monumentos grotescos, adornos, etcétera), sin reparar en el hecho que el gobierno nuevamente está al borde de un default. Sabemos, por confesión pública del ministro de Hacienda que él no tiene ningún control ni siquiera sobre el gasto en general, que es donde radica fundamentalmente el desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Sin embargo, la Constitución (art. 226) le obliga a mantener el equilibrio presupuestario.
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Pero, ¿dónde se origina el problema? Según el artículo 167, numeral 3 Cn., la elaboración del proyecto del presupuesto corresponde al Consejo de Ministros. Este se nutre, en cuanto al gasto, de los “techos” que les asigna Hacienda a las diferentes unidades primarias de organización, lo que sugiere que las decisiones se toman en CAPRES. No obstante todo hace suponer que en este gobierno quien decide al final el monto y destino de los recursos es la cúpula partidaria.

Entonces, el ministro de Hacienda se convierte en un mero recaudador de impuestos y tasas, o para decir lo menos, en un sujeto pasivo, pero es el que recibe todas las críticas por el mal estado de las finanzas públicas. Así las cosas, al momento de distribuir los recursos recaudados, entra en juego la voracidad, el clientelismo y por supuesto, un populismo exacerbado. Ante la falta de un control eficaz y transparente, surge como daño colateral la corrupción generalizada.

Con el presupuesto aprobado, el partido gobernante y sus acólitos han metido al país en problemas más acuciantes que los que se confrontaron en 2016. Pero también los planteamientos oficiales confunden a los incautos. Mientras la jefe (¿o jefa?) de fracción del FMLN afirma con aire triunfalista que el presupuesto aprobado asegura una inversión de más de $900 millones, no dice nada de dónde obtendrán los recursos para el pago de los compromisos que no se incluyeron en el mismo (pensiones, subsidios, devoluciones de IVA y Renta, entre otros), aunque otro funcionario del Ejecutivo dijo que el país estará nuevamente en riesgo de caer en un impago. Como se dice en el caló popular: el pez por la boca muere.

Sin embargo, el mismo partido nuevamente estará culpando a la contraparte de su propia irresponsabilidad, la cual tampoco, a criterio de muchos, está haciendo bien su tarea como ya es su costumbre. Ambos son los artífices del desplome de la degradación del país de parte de las clasificadoras de riesgo. Igualmente se les puede endilgar que detrás de sus posiciones irreductibles hay un cálculo electorero con el agravante, en caso del FMLN, de que sus posiciones están sustentadas más en el engaño y la mentira y quién sabe qué otras más. Alba y su telaraña podría ser una de ellas.

Por ejemplo, a estas alturas todavía siguen con el estribillo de que la culpa del problema fiscal la tiene la Sala de lo Constitucional por haberle impedido al gobierno la colocación de bonos por $900 millones en 2015, pero nunca van a reconocer que la aprobación fue claramente amañada por la Asamblea Legislativa. No se percatan de que mientras más descargan su culpa en terceros, más ponen de manifiesto la falta de transparencia y eficacia en el uso de los recursos. La última calificación de Fitch igualmente parece tenerlos sin cuidado, mientras crece la sospecha que el gobierno está socavando la base financiera de entidades paraestatales superavitarias, al tiempo que ha dejado de honrar sus compromisos con proveedores, las alcaldías, aunque a decir verdad, algunas, como la capitalina, se están alineando para fortalecer más al Tsunami financiero en ciernes. Ojalá que Dios ilumine a la clase política, antes de que sea demasiado tarde.

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