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En torno al presupuesto (y III)

¿La punta del iceberg? Ya el año pasado conocedores de la situación fiscal advirtieron que el gobierno estaba a punto de caer en un default.
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El tamaño de la deuda, el déficit estructural, la recurrente colocación de Letras de Tesorería en el mercado local, la acumulación de deudas con el sector privado, el desfase en las transferencias a las municipalidades e incluso la tardanza en la entrega de los paquetes escolares, entre otros, se convirtieron en señales claras de que el gobierno estaba, ciertamente, en serios aprietos. Este año parece que será más complicado, porque el arrastre de problemas como el caso del FODES y los subsidios, sumados a la degradación de las calificadoras de riesgo, harán más difícil y costoso el acceso al crédito público.

El que se hayan excluido del presupuesto compromisos ineludibles como las pensiones, los subsidios, las devoluciones por IVA y renta, etcétera, ya dejaron de ser omisiones deliberadas, para convertirse en una virtual emboscada contra la sociedad. La más reciente solicitud de la emisión por $282 millones a dos meses de aquella cuestionada aprobación así lo sugiere. La oposición, por su parte, se mantiene atrincherada en argumentos, no desprovistos de fundamento, como la opacidad, el desenfreno con que se manejan los recursos públicos y la corrupción, pero sin ofrecer soluciones claras y sensatas, a pesar de que sus propias prácticas son parte del problema.

En efecto, los problemas fiscales que estamos confrontando son en gran parte producto de un largo proceso de acumulación; pero en las administraciones del Frente, la situación se ha complicado. Casos como la empleomanía, el de El Chaparral, el desenlace, desde todo punto dañino, del litigio CEL-ENEL; la abultada suma comprometida –violación constitucional incluida– para favorecer a un pequeño grupo de mal llamados empresarios para que hicieran su agosto con el SITRAMSS, la desviación de recursos del FOVIAL para realizar obras que no están incluidas en su ley y un montón de etcéteras más, han hecho la diferencia.

Estos son solo ejemplos de casos visibles de malos manejos financieros, que al final le pasan la factura a toda la sociedad con más impuestos y el castigo por los bienes y servicios deplorables que ofrece el Estado. Sin duda, estas cosas no las discuten los señores diputados al momento de levantar o esconder la mano. Pero en la prisa del gobierno para que se aprobara el plan de ingresos y gastos para 2017, se orilló el problema quizás más crítico: el régimen previsional.

En este caso, el problema de los desencuentros se vuelve descomunal. El gobierno se aferra en hacerlo a su manera, apropiándose de recursos que no le pertenecen, con la no disimulada intención de salir de sus penurias financieras. Pero la contraparte tampoco ofrece opciones, a pesar de que existen soluciones distintas a la voracidad gubernamental. Por ejemplo, la semana anterior un alto funcionario del Banco Mundial advirtió que la pretensión del gobierno de hacerse de los ahorros privados que manejan las AFP no resuelve el problema. En su defecto, sugiere una reforma paramétrica (años de retiro, tiempo de servicio y aumento de las cotizaciones), algo sobre lo cual está de acuerdo, al menos parcialmente, nada más y nada menos, que el rector de la UCA. Sin embargo, sugirió como requisito un acuerdo con el FMI, lo cual le facilitaría al gobierno el acceso a recursos a largo plazo y de bajo costo, que compiten con gran ventaja sobre los bonos. Pero en el caso del Fondo, el país debe someterse a un serio ajuste al que el gobierno le ha dado largas, por motivaciones electoreras que también contaminan a la oposición.

Hay otros temas como el lío financiero de ENEPASA, el endeudamiento fuera de control de muchas otras alcaldías –especialmente la capitalina– y la descapitalización de varias autónomas. Entonces, lo que conocemos podría ser solo la punta del iceberg, mientras la sociedad solo exige a sus dirigentes más responsabilidad de cara al futuro.

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  • presupuesto
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