Enfoque en las finanzas públicas de Costa Rica

Costa Rica tiene un modelo de convivencia social y política superior al que poseen sus vecinos en la región. Dos pilares de ese modelo son la diversificación de exportaciones y la política social.
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En el pilar de la producción se mantiene dando resultados razonables. La economía creció alrededor de 4 % el año pasado y ha mantenido buenos niveles de inversión en los últimos años, con participación extranjera importante. En cambio en el pilar de la política social y otras políticas de gasto público están teniendo dificultades financieras que vuelven insostenible por hoy la política fiscal.

Hace dos semanas, el 2 de agosto, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, anunció en cadena nacional que tomaría una serie de medidas para enfrentar el problema de iliquidez del Gobierno y cumplir con sus compromisos, antes que se pudiera convertir en una crisis de impago.

En esa ocasión comunicó que el Gobierno enfrentaba dificultades de liquidez para pagar sus obligaciones y garantizar la operación de servicios y anunció que firmó un decreto en el que ordenó a la Tesorería Nacional priorizar que se atienda, en primer lugar, la deuda pública, los salarios y las pensiones del Gobierno Central. También ordenó que el presupuesto del próximo año quede congelado en todos aquellos rubros que no tengan una disposición legal para aumentar y expresó que su gobierno está dispuesto a subir los impuestos que sean imprescindibles.

¿Cómo se llegó a esto? Veamos el historial fiscal. Según cifras del Banco Central de Costa Rica, en 2008 la deuda del Sector Público Global como porcentaje del PIB ascendía a 39 %, en mayo pasado, 8 años y medio después, alcanzó 61.5 %. De igual manera, la deuda del Gobierno Central en esos mismos años, según la misma fuente, aumentó 20 puntos hasta 45 %. En ese período el Gobierno Central promedió más de cuatro puntos de déficit fiscal y se proyecta que en el corriente año termine en cerca de seis. La presión fiscal está al alza.

Por su parte las clasificadoras de riesgo Fitch y Moody's bajaron en marzo pasado la calificación de Costa Rica un escalón, llevándola la primera de BB+ negativa a BB estable y la segunda de Ba1 negativa a Ba2 negativa.

El Informe del Artículo IV de mayo pasado del Fondo Monetario Internacional concluyó que el país necesita un ajuste fiscal de 3 puntos porcentuales, distribuido en los siguientes 3 años, con reformas del IVA e impuesto de la Renta, combinado con políticas de transferencia para compensar a los estratos más pobres de la población.

El Banco Central ha planteado la necesidad de corregir la tendencia fiscal con medidas de ajuste de ingresos, contención de gastos y combate a la evasión y a la elusión. También en discusión en la Asamblea se encuentra un informe actuarial independiente de pensiones, que debido a su insostenibilidad financiera, plantea recortar la tasa de reemplazo, aumentar la contribución y elevar gradualmente la edad de jubilación.

Nuevamente, como siempre ocurre con la política fiscal, el problema se encuentra en el entorno político que dificulta el consenso para la aprobación de las medidas de ajuste fiscal que el país necesita adoptar cuanto antes.

Considerando los beneficios que el modelo social ha traído a Costa Rica es de esperar que el consenso se mueva a una solución de ajuste de impuestos y contención del gasto, que mantenga la política social. Pero no siempre es la racionalidad del bienestar común la que más influye en estos procesos.

La restricción fiscal termina en todas partes siendo siempre el verdadero criterio de realismo de la política pública.
 

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