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Entender la seguridad social antes de reformar sistemas

Debido a la evolución del sistema de pensiones en El Salvador desde 1996, año en que, sin pretenderlo, comenzó a distorsionarse la esencia de los principios de la Seguridad Social
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Debido a la evolución del sistema de pensiones en El Salvador desde 1996, año en que, sin pretenderlo, comenzó a distorsionarse la esencia de los principios de la Seguridad Social, como fuente de inspiración para construir una red de protección para los trabajadores, habiéndose reemplazado su espíritu social por otro de carácter financiero y desfigurándose, parcialmente, el sentido de la norma que regula relaciones jurídicas en este ámbito cuasi-laboral, me parece oportuno revisar aquí algunos aspectos necesarios para valorar mejor las propuestas y contrapropuestas recientes en torno a nuestro sistema de protección social.

Esto es básico porque varias discusiones sobre el tema se refieren, más que todo, a ciertos aspectos de los “regímenes financieros” de los programas, y no al tipo de protección que se desea ofrecer a los trabajadores en el país (políticas públicas en materia de Seguridad Social).

Incluso, las autoridades financieras parecen confundir la naturaleza de estos sistemas con los vehículos de capitalización utilizados para administrar reservas de previsión o fondos para pensiones, según sea el caso.

Lamentablemente, se ha descuidado un poco la finalidad del sistema y sus programas, considerándolos, erróneamente, como una sola cosa y no como la suma de esquemas con finalidades específicas y que, al combinarlos, constituyen un sistema.

En ese sentido, el significado de “sistema” debería guiarnos en el análisis, ya que varios programas al reforzarse entre sí tienden a forjar una red de protección social única a favor de los trabajadores. Además, algunos programas son de corto plazo (salud) y otros de largo plazo (pensiones).

En El Salvador, la legislación en esta materia está dispersa, ya que los programas básicos propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1952, abarcan la prevención de enfermedades, maternidad, servicios curativos, reentrenamiento del trabajador para reinsertarse al mercado laboral ante cambios tecnológicos, ayuda familiar, asistencia en caso de cesantía en edad avanzada, hasta llegar, finalmente, al pago de pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia.

Localmente se implementó un sistema incompleto, gestionando la mayoría de regímenes adoptados a través del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, hasta la reforma promulgada en 1996, cuando se separaron los regímenes de corto plazo (Enfermedad, Maternidad y Riesgo Profesional), de aquellos considerados de largo plazo (Invalidez, Vejez y Muerte), como condición previa para la entrada en vigor de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. En la actualidad estos últimos son prestados a través de terceros (AFP), por medio de concesiones.

Por otro lado, la entidad especializada que se creó en 1997 para fiscalizar el nuevo sistema (Superintendencia de Pensiones) fue absorbida por la Superintendencia del Sistema Financiero en 2011, imponiéndose con ello una supervisión conjunta de los entes financieros fiscalizados –conglomerados financieros– donde el énfasis, según la exposición de motivos de la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, era la estabilidad del sistema financiero. Con ello aumentó la confusión sobre la naturaleza de los regímenes previsionales.

Que se hayan fusionado las entidades fiscalizadoras especializadas o que los programas se administren ahora de diversa forma no debería ocasionar confusiones sobre la calidad social del servicio; incluso, si la legislación doméstica resultara poco clara, ya que podríamos revisar más de 100 años de doctrina sobre esta temática, recurrir a los lineamientos de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, de la cual somos signatarios o apelar, en su defecto, a ejercicios de legislación comparada.

Lo importante, ante todo, es tener claro cuál es el sentido de la norma, antes de comenzar a improvisar soluciones que pueden parecer lógicas, pero desviadas del propósito original de proteger al trabajador ante contingencias sociales.
 

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