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Entidades de gestión colectiva ¿héroes o villanos?

En algunos países incluso, se cuestiona si el ejercicio de estas entidades da o no lugar a prácticas monopolísticas, y si ocupan o no una posición dominante o abusiva de mercado. Este tema da mucho de qué hablar, dejando varias asignaturas pendientes de regulación.
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El sistema de derecho de autor se basa en dos grandes premisas fundamentales: la primera, consistente en compensar a los autores, permitiéndoles explotar económicamente y de manera exclusiva las creaciones de su intelecto por un tiempo determinado; y la segunda, consistente en incentivar mediante la aplicación de la primera premisa, la creación de más y mejores obras, aportando por tanto, más a la cultura y al conocimiento universal. La necesaria simbiosis entre ambas premisas se conoce como el “círculo virtuoso de la propiedad intelectual”, siendo que la una no puede existir sin la otra, ni viceversa.

Por lo tanto, es dable concluir que el sistema de derecho de autor es uno saludable, eficaz y equitativo, con el cual se garantiza un sano equilibrio entre la explotación exclusiva del autor y el desarrollo cultural de la sociedad, y además es absolutamente justo que, yo, como usuario de una obra determinada, compense de alguna manera, a su titular por el respectivo uso, y no utilice la misma, salvo que cuente con la debida autorización.

Ahora bien, aunque lo anterior suena simple en teoría, tiene implicaciones prácticas muy complejas, dado que se vuelve virtualmente imposible que, como particular, pida permiso a cada autor, y le pague por cada obra a ser reproducida.

Y es el caso que, para facilitar esta labor, se crearon las denominadas ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA (EGC), como organizaciones especiales, destinadas a apoyar a los titulares de derechos de autor y derechos conexos, en la gestión y defensa de sus derechos frente a usuarios particulares.

En El Salvador, se encuentran reguladas en la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), como entidades cuya tarea es defender, incluso mediante procedimientos administrativos y judiciales, los derechos patrimoniales reconocidos legalmente a sus socios y representados, o bien, a los afiliados de las entidades extranjeras con las cuales posean algún convenio de reciprocidad.

Si bien, dichas entidades poseen requisitos especiales para su creación, y otras en cuanto a su ejercicio judicial, la verdad es que aún existen significativos vacíos en cuanto a su funcionamiento práctico y regulación.

Por ejemplo, los art. 100[b] y 100-B[k] LPI regulan la potestad de estas entidades de fijar (unilateralmente) las tarifas generales a cobrar por el uso de las obras que tutelan. Sin embargo, no se establecen parámetros de equidad o criterios para la determinación de dichas tarifas, basados en criterios de uso efectivo de una obra determinada. Esto implica que constituyen verdaderas tarifas de adhesión, no revisables o controvertibles de modo alguno, y por tanto, muy cerca de ser abusivas.

Por decir algo, si yo poseo un restaurante en el cual solo pongo música dos horas al día, de las diez horas que estoy abierto: ¿es justo que pague lo mismo que un restaurante que pone música todo el día, solo porque tengo el mismo número de mesas? ¿Qué tal si del repertorio que yo pongo, únicamente el 20 % de obras pertenece al repertorio administrado por la EGC? ¿Debo pagar lo mismo que alguien que usa el 100 %?

En otros países por ejemplo, la fijación de las tarifas puede ser controvertida y es revisada por un ente supervisor, quien también, de algún modo u otro, garantiza que las referidas entidades cumplan con su rol de distribución de ganancias entre sus representados. Pero en el caso de El Salvador, esto no sucede.

Por otra parte, su naturaleza jurídica, y por tanto, la supervisión en el cumplimiento de sus obligaciones es algo que no está claramente definido. Dichas entidades para nacer a la vida jurídica deben inscribirse ante el Registro de la Propiedad Intelectual; sin embargo: ¿cuál es su naturaleza jurídica? ¿Son sociedades mercantiles, Asociaciones o Fundaciones sin Fines de Lucro? ¿Quién supervisa su funcionamiento y actividad? ¿Quién supervisa la distribución que hacen de lo recaudado entre los autores cuyos repertorios manejan?

Tampoco queda claro si las tarifas generales impuestas son obligatorias, o si son negociables con los particulares. Aunque en mi punto de vista son absolutamente negociables, estas entidades suelen sostener lo contrario.

Asimismo: ¿qué pasa si un autor determinado no desea lidiar con estas entidades y por el contrario les desea revocar el mandato, ejerciendo su propia gestión? ¿Acaso no sería esto posible? Debemos recordar que finalmente son entidades creadas para apoyar a los titulares de derechos en el ejercicio de la gestión colectiva, mas no entidades llamadas a suplirlos.

¿Y si las obras que yo reproduzco no están dentro de los catálogos que administran? ¿Tendrían legitimación para reclamar? ¿Y si yo contraté con algún proveedor o EGC online, para reproducir la obra en mi local, y a este le estoy pagando dicha gestión de derechos, estoy infringiendo solo por no pagarle a la EGC local?

En algunos países incluso, se cuestiona si el ejercicio de estas entidades da o no lugar a prácticas monopolísticas, y si ocupan o no una posición dominante o abusiva de mercado.

En fin, este tema da mucho de qué hablar, dejando varias asignaturas pendientes de regulación. La verdad es que la justificación de su existencia cumple un noble propósito, lo que inclina los argumentos para que se consideren “Héroes”, pero debemos cuidarnos de que en su ejercicio diario, no constituyan entidades que ejerzan abusivamente sus derechos, convirtiéndose por tanto en “Villanos”. Finalmente, será usted, apreciado lector, quien conteste la pregunta planteada.

Tags:

  • propiedad intelectual
  • derecho de autor
  • cultura
  • desarrollo
  • sociedad

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