Entonces, la ley no vale nada

No hay duda de que en este país se han dado, se dan y se seguirán dando hechos bochornosos, y lamentables en todos los ámbitos; últimamente en el quehacer judicial.
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Comenzaremos por señalar que cuando la Fiscalía General de la República formula un requerimiento, este mínimamente va acompañado de prueba testimonial, documental, pericial, técnica y a veces hasta científica.

Pero debe entenderse que la Fiscalía no resuelve, el que resuelve es el juez, a quien le corresponde valorar dicha prueba y además tipificar el delito. No solo bastará con que la Fiscalía se lo señale, sino que dependerá de su criterio confirmar o no lo pedido por el ministerio público.

Basado en el comentario anterior, cabe referirse al resultado del proceso seguido a los exintegrantes de la selección nacional de fútbol, en el que por una resolución sin precedente se dejó en libertad a los referidos jugadores, alegando que el término por el cual se les juzgó no existe en nuestra legislación.

En esa virtud, para el juez traicionar a la patria, ofender al Estado, burlarse de una nación, no es constitutivo de delito, en principio porque tomó como base únicamente el Código Penal.

En tanto para él, debemos de entender que no existe la Constitución de la República, los tratados internacionales, las convenciones, los protocolos ni ninguna otra ley supranacional, que regule el referido delito, es decir, que los delitos que la Constitución establece en su apartado en contra del Estado son letra muerta.

Por tanto, arreglar, fraguar resultados de una actividad deportiva no es sinónimo para él de algo ilícito que deba ser sancionado de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y leyes internacionales.

No obstante que dentro de ellos había imputados con antecedentes penales y es más hasta con una condena previa.

Entonces, si estas personas tienen un poquito de moralidad, dignidad y decencia, deberían enfrentar la voluntad popular y retirarse de toda actividad deportiva profesional pidiendo perdón a una nación, que es la que verdaderamente los va a juzgar.

El segundo caso, más que indignante y blasfemante, es el de un representante de una congregación cristiana, quien a pesar de aceptar públicamente su reprochable acto, en lugar de aparecer arrepentido, humillado y convertido, aparece soberbio, altanero y arrogante; es decir, que para él aquello de predicar con el ejemplo es una farsa, un fraude, y que la palabra del libro sagrado cualquiera la puede torcer a su merced y luego jactarse de que se está en paz y que por su condición nada le pasará y saltará por encima de la ley, pues su cargo y condición le permiten vulnerar cualquier principio moral, legal y hasta familiar con tal de que no le llegue ni siquiera una sanción divina.

Como se procede en otros casos por parte de los jueces, cuando los involucrados son gente humilde, sencilla y que cometen el mismo delito, pues que son enviados inmediatamente al penal correspondiente, sin oportunidad de gozar medidas sustitutivas y mínimamente tienen que purgar siete años de prisión; es decir no se procede con un criterio uniforme, por tanto, no todos somos iguales ante la ley.

En ambos casos, no puede hablarse de que las resoluciones han sido basadas en criterios jurídicos objetivos, sino más bien en la condición y calidad de los procesados; pero eso más que criterio legal es una arbitrariedad, ya que se debe partir y así debemos de entenderlo todos, que la ley tiene un único sentido, y en ese sentido debemos de interpretarla todos, ya que esta regula casos únicos y no multitud de situaciones.

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