Entrar en una nueva fase de responsabilidad fiscal es la única salida realmente viable para superar la crisis creciente que se vive al respecto

Hay que potenciar la gobernabilidad bien entendida, que no se basa en acuerdos maniobreros sino en entendimientos sensatos a la luz del día. Y todos los puntos fiscales están siempre en la primera fila de lo que hay que atender.
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En nuestro ambiente político viene prevaleciendo una tendencia a la irresponsabilidad coyunturalista desde hace ya bastante tiempo, y esto se ha manifestado con mayor gravedad y peligrosidad en temas tan sensibles como el del equilibrio fiscal y el del endeudamiento público, que van íntimamente vinculados. Desde hace mucho, el Estado gasta más de lo que recibe, y esa línea conduce tarde o temprano al desastre, desde cualquier ángulo que se miren las cosas. Este fenómeno de irresponsabilidad institucionalizada viene creciendo a lo largo de la posguerra, y como es natural cuando no se toman a tiempo las medidas ordenadoras y correctivas correspondientes, llega un momento en que el agua llega al cuello. Estamos justamente en ese momento, y las angustias gubernamentales así lo evidencian sin posibilidad de disimulo.

Ya no podrían darse las salidas “ingeniosas”, como fue la de los fideicomisos que se usaron como salvavidas momentáneos en administraciones pasadas. Hoy, las arcas no tienen recursos y ya no hay forma de obtener éstos por medio de estratagemas disfrazables. Hace algunos meses, el Gobierno logró que la legislatura pasada, ya en artículo mortis, le aprobara un endeudamiento de $900 millones, el cual está en suspenso en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Pero al momento $900 millones ya no bastarían: se necesitarían cuando menos $1200, porque el faltante va creciendo. Y por la vía del endeudamiento no hay salidas a la vista, al menos en lo inmediato, porque armar una mayoría calificada se ha vuelto cada vez más difícil, y más lo será cuando pasen los meses hacia 2017, víspera de elecciones.

En esas condiciones, las angustias y las impotencias acumuladas hacen que desde los planos gubernamentales superiores se estén planteando flotadores de emergencia, que a la postre sólo vienen a complicar más las cosas, como la presentada reforma al sistema nacional de pensiones, frente al cual el Gobierno tiene responsabilidades financieras a las que no halla cómo responder. Se habla retóricamente de mejorar el sistema, pero en verdad se trata sólo de ver cómo se flota en aguas turbulentas. La sostenibilidad fiscal ha sido la gran ausente en toda esta temática que ha ido pasando de ser difícil a ser aguda y de ser aguda a ser crítica. Lo que realmente se estaría necesitando es una estrategia integral, que cuente con el debido asesoramiento nacional e internacional, para no ver en forma aislada ninguno de los aspectos en juego, como puede ser el de las pensiones, sino para encauzarnos de veras hacia un manejo eficiente, confiable y verificable de todos los temas financieros en cuestión.

En ningún caso es admisible estar jugando con el sistema de pensiones, que tanto atañe al bienestar de la ciudadanía. Si se toca debe ser para mejorarlo en serio, y con las seguridades del caso. Se tendría que estar pensando de manera responsable y articulada en un compromiso de austeridad realista y en un pacto fiscal de largo alcance. Para todo esto se requiere que los distintos liderazgos nacionales entren en juego constructivo, dejando atrás lo que ahora existe, que es la manipulación sin fin. Urge poner el bien común en la primera línea de los consensos necesarios.

Hay que potenciar la gobernabilidad bien entendida, que no se basa en acuerdos maniobreros sino en entendimientos sensatos a la luz del día. Y todos los puntos fiscales están siempre en la primera fila de lo que hay que atender. Que la desesperación no le quite el puesto a la razón.

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