Entre la probidad y la impunidad

En 1959 nace la ley sobre el enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados públicos Ley de Probidad Pública; esa discutida ley actualmente estuvo dormida por muchos años.
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El Grupo Gestor compuesto por FUNDE, ANEP, CEJ, FUSADES, DTJ y Universidad Francisco Gavidia están pendientes de que esta ley sea justa, que sea aplicada igualitariamente con colmillos fuertes. Se debe actualizar lo más pronto y no dormirse en los laureles.

Ser probo en todos los aspectos no es fácil para los funcionarios públicos; al principio todos inician como ovejitas, luego, según van tratando temáticas y discutiendo leyes, aparecen las mordazas, los amaños, las corruptelas, donaciones. Y, como que nada ha pasado, creyendo que nadie les vigila, se hacen millonarios de la noche a la mañana. Bien dicen que en arca abierta hasta el más justo peca.

Todos los funcionarios deben presentar una declaración jurada de patrimonio, esto les ayudará a tener la soltura de estar tranquilos, que nadie les vaya a querer contar las costillas y les encuentren enriquecimiento ilícito. Ese enriquecimiento ilícito tendría que aplicarse para todos, sin excepción alguna. El Salvador es un país en donde muchos viven “coyol quebrado y coyol comido”, por lo tanto es injusto ver hipocresías de funcionarios que andan por doquier sin temor. Pareciera que son intocables.

Recomendaciones para los funcionarios públicos para ser probos: los jueces y fiscales no deben estar afiliados a partidos políticos; los miembros de concejos municipales no pueden contratar a familiares a las alcaldías, no pueden hacer negocios con empresas familiares, etcétera. Todos tienen que presentar sus bienes al pueblo para no tener problemas después o ¿están haciendo caso omiso para hacer sus jugadas?

Lo más irrisorio es que algunos funcionarios públicos aparecen que solo tienen una pequeña casa, un vehículo de segunda y una propiedad de pocas manzanas de extensión. Al final surge la realidad. Para qué mencionar nombres de funcionarios ímprobos, el tiempo y la aplicación debida de las leyes harán su trabajo.

Sin embargo, se ha estado verificando que funcionarios públicos tienen numerosas propiedades, las cuales, algunos manifiestan que fueron por herencia familiar o que han trabajado duro durante su vida. Ya lo he manifestado, podemos ver a personas humildes en la calle, pero ya no se les puede dar atol con el dedo. Recordemos que hasta las redes sociales están sirviendo para seguirles los pasos a todos los funcionarios públicos, no importa el color político ni su estatus o puesto que desempeñe.

La impunidad en El Salvador está poco a poco destapando el telón de los que están atrás de tantos casos de corrupción. La Ley de Acceso a la Información Pública también está brindando información importante a periodistas y población en general de cómo se gastan los erarios del pueblo. Una ley que está descubriendo movimientos fraudulentos y jugadas amañadas.

Ser probo en este país debe ser ejemplarizante de parte de todos los funcionarios públicos, desde la firma de la paz en 1992 se ha ido avanzando en temas que antes era un tabú tratarlos. La impunidad no debe dejarse de perseguir. Es admirable ver a diputados que han salido de sus funciones sin cola que les pisen ¿o hicieron bien su trabajo o lograron escabullirse de las leyes?

Para que nos convirtamos en un país democrático debe de abolirse la impunidad y contar con funcionarios probos, honrados, éticos y que trabajen por el desarrollo de todos. Periodistas, articulistas, el pueblo en general, estaremos vigilando siempre que las leyes se apliquen y que sean aprobadas sin trabas o beneficios para corruptos.

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