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Es de vital trascendencia para que haya seguridad y estabilidad que el sistema de justicia opere en todo caso hasta las últimas consecuencias

En la coyuntura tan compleja que vive nuestro país prácticamente en todos los órdenes se hace más necesario que nunca asegurar que la legalidad activa vaya ganando terreno, porque de otra manera el riesgo de ingobernabilidad puede llegar a ser incontrolable.
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Si en algo ha existido una deuda histórica de gran peso en el ambiente es en el imperativo de que la justicia funcione conforme a los mandatos de la ley, sin que los dictados del poder y las maniobras de los intereses sectoriales, de grupos o de personas se puedan hacer valer por encima de lo que debe ser conforme al Estado de Derecho. Esa deuda histórica está comenzando a ser saldada en la medida en que se manifiesta el efecto democratizador en los diversos ámbitos de la vida nacional. Este es un movimiento que no es ideológico ni partidario, sino que responde a la dinámica misma de la realidad, y por consiguiente tiene en definitiva que ser acatado por todos, aunque las resistencias no dejan de estar presentes, como lo muestran las distintas reacciones adversas a ciertas resoluciones de la justicia constitucional.

En este ámbito del imperio de la legalidad lo verdaderamente importante es que ninguna conducta delictiva, de la índole que fuere, se quede impune, porque cuando eso ocurre, como ha venido siendo tan común en nuestro ambiente, se hace imposible que la confianza básica en el rol y en el desempeño de las instituciones pueda proteger y fortalecer al sistema en su conjunto. Esto implica que los entes fundamentales en la preservación de la legalidad, como son la Fiscalía General de la República, el Órgano Judicial y la Policía Nacional Civil, tienen que estar debidamente empoderados y comprometidos para cumplir con sus tareas respectivas, que por supuesto van estrechamente conectadas.

Estamos viendo ahora mismo cómo se activa la judicialización del caso criminal de los ataques cibernéticos contra medios de comunicación, y específicamente contra LA PRENSA GRÁFICA. La Fiscalía ya presentó ante el juzgado correspondiente el resultado de su investigación durante la fase de instrucción, y tal investigación reafirma la participación de los imputados en las acciones delictivas de las que se les acusa, y ahora tendría que venir el juicio. Desde luego, la lista de imputados sigue abierta, y lo que se espera es que en definitiva todos los participantes en dicha trama delincuencial, cualquiera que haya sido su rol en la misma, pasen a la orden de la justicia. Para el caso, habría que aclarar a fondo y sin evasivas el vínculo entre los autores del ciberataque y las autoridades de la comuna de San Salvador.

En la coyuntura tan compleja que vive nuestro país prácticamente en todos los órdenes se hace más necesario que nunca asegurar que la legalidad activa vaya ganando terreno, porque de otra manera el riesgo de ingobernabilidad puede llegar a ser incontrolable. Las organizaciones e instituciones de toda índole tienen que someterse pacíficamente al imperio de la ley, e igual deben hacer por supuesto las personas individuales, sobre todo si se tiene en cuenta que vivimos una especie sin precedentes de crisis de autoridad a raíz del embate desembozado y constante de la organización del crimen. Los que vulneren o quebranten la ley deben ser perseguidos sin cuartel, porque sólo en esa forma podrán darse señales convincentes de que nuestro sistema de vida tiene la fortaleza suficiente para autodefenderse.

La responsabilidad de consolidar y fortalecer el Estado de Derecho nos corresponde a todos los salvadoreños, y muy en especial a los distintos liderazgos nacionales, con los gestores del poder político a la cabeza. Se trata de un objetivo y de una tarea de nación, que sólo si se asumen a cabalidad y a plenitud pueden garantizarse la paz y el desarrollo.

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