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Es determinante para efectivizar el combate a la criminalidad que haya más interacción entre las instituciones directamente encargadas del mismo

Desde hace bastantes años está pendiente una verdadera actualización de los mecanismos investigativos y de las funciones de inteligencia, tanto en la Policía como en la Fiscalía. Y para ello, como bien apunta el Fiscal, hay que contar con los debidos recursos económicos en ambas instituciones.
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El problema crítico del despliegue delincuencial en el país constituye sin duda uno de los desafíos más candentes tanto para la institucionalidad como para la sociedad en general. La situación en este campo se ha salido de control; y aunque hay distintas iniciativas institucionales para encarar el gravísimo reto que ello representa, lo que sigue quedando en evidencia es que no se cuenta aún con una estrategia integrada que permita avizorar soluciones sostenibles en el futuro inmediato. Y es que no basta con atacar la problemática en áreas específicas: se requiere que haya un plan integral de trabajo, en el que se contemplen todas las facetas del fenómeno que tanto daño le causa a la población y tanta inseguridad e inestabilidad provoca en el ambiente.

En estos días en que se está recordando el fin de la guerra y el inicio de la posguerra hace ya 25 años, se pone insistentemente en cuestión el hecho de que luego de concluir la violencia bélica y de haberse dejado atrás la violencia política tengamos una violencia delincuencial que ha venido emergiendo y expandiéndose como una ola incontenible. Y queda cada vez más claro que eso se ha dado y sigue dándose por la falta de previsiones adecuadas y funcionales frente a hechos como el surgimiento del crimen organizado, que, como todo, ha podido crecer en la medida que se han dejado de poner los frenos oportunos y suficientes. La lección principal de tal descuido irresponsable es que dejar estar las cosas es la mejor receta para que se vuelvan incontrolables.

El Fiscal General de la República, que viene desplegando desde su llegada al cargo un dinamismo de persecución del delito que no tiene precedentes, manifiesta hoy que está planteando una nueva estrategia de lucha contra las principales expresiones de la criminalidad imperante como son los homicidios y las extorsiones, entre otras. Al respecto, el punto de la investigación y de la inteligencia es siempre crucial si se quiere atacar a fondo el accionar de la delincuencia en todos sus ámbitos y niveles. Desde hace bastantes años está pendiente una verdadera actualización de los mecanismos investigativos y de las funciones de inteligencia, tanto en la Policía como en la Fiscalía. Y para ello, como bien apunta el Fiscal, hay que contar con los debidos recursos económicos en ambas instituciones. Es en áreas como éstas donde hay que hacer creciente inversión pública, porque de su buen funcionamiento dependen en gran medida la preservación y la potenciación del Estado de Derecho, con todas sus implicaciones.

Al tema de la extorsiones hay que darle un tratamiento muy especial, porque si bien es un delito que no presenta a los ojos del público la connotación alarmante que mantienen los homicidios, sí es una erosión de gran impacto en la vida de los ciudadanos y de las comunidades, aparte de que es una de las formas más perversas de expandir la conducta delincuencial, ya que se trata nada más y nada menos que de habituar a los delincuentes a vivir del trabajo honrado de los demás, y esto sobre todo para la juventud es un imán de consecuencias moral y socialmente devastadoras. Hay que atacar la extorsión a fondo, con todos los instrumentos que habilita la ley; y hacer también mucha campaña disuasiva con instrumentos motivadores.

La interacción institucional es la herramienta práctica insustituible para enlazar todos los aspectos antes señalados. Ojalá que el empeño emprendido por el Fiscal General alcance las dimensiones debidas y pueda mover voluntades hacia el mejoramiento real del trabajo de todos.

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