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Es determinante para el buen desempeño institucional que los funcionarios que lleguen a los cargos muestren idoneidad y gocen de credibilidad

En el futuro inmediato se presentarán dos desafíos evidentemente más complejos en lo tocante a la decisión de quiénes llegarán a sustituir en su momento a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que cumplen su período en 2018 y al Fiscal General de la República que lo hará poco después.
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En el país ya se hizo costumbre que las elecciones de segundo grado para definir quiénes irán a ocupar posiciones en entes institucionales de primer nivel se hagan fuera de los tiempos establecidos por la ley, y ello a causa de que las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa se enfrascan en forcejeos que con frecuencia desembocan en atolladeros que resulta difícil superar. En los últimos días eso es lo que estaba pasando con la elección de miembros integrantes de la Corte de Cuentas de la República, que es el ente encargado de “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular”, como establece el artículo 195 de la Carta Magna.

Dicha Corte estaba acéfala desde el 30 de julio del corriente año, y venían haciéndose intentos de elección, que en este caso sólo requiere mayoría simple, es decir, 43 votos. Y como ahora todos los funcionarios que ejercen funciones de este rango deben carecer de vínculos con partidos políticos, ahí nace otro foco de discordias a la hora de elegir. La presión ciudadana por lograr una elección rápida y convincente produjo efectos, y en la noche del pasado lunes se dio la elección de los tres miembros propietarios y los dos suplentes que faltaban, con el apoyo de prácticamente todos los partidos. Ahora viene la prueba del desempeño, que se hará cuando los nuevos funcionarios estén en el ejercicio del cargo; y lo que se espera y se exige es que se dejen atrás las irregularidades y las componendas y haya un desempeño comprobadamente confiable y eficaz, que saque a dicha entidad de esa especie de limbo sospechoso en el que viene estando inmersa desde hace tanto tiempo.

En el futuro inmediato se presentarán dos desafíos evidentemente más complejos en lo tocante a la decisión de quiénes llegarán a sustituir en su momento a los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que cumplen su período en 2018 y al Fiscal General de la República que lo hará poco después. La complejidad se agudiza por dos motivos: porque en ambos casos se requiere mayoría calificada de 56 votos en la Asamblea Legislativa y porque los funcionarios que están hoy en las posiciones aludidas han venido a establecer criterios de actuación sin precedentes, tanto en el apego a la legalidad como en la valentía para sustentar y activar dicho apego. Ya se están previendo atascamientos que pueden ser de larga duración para definir los relevos correspondientes, y también se comienzan a analizar posibles mecanismos transitorios para evitar las acefalías correspondientes. En todo caso, hay que prepararse para todas las eventualidades, porque el factor político siempre es imprevisible cuando llega el momento de tomar decisiones que pueden incidir en los intereses partidarios.

Lo que en definitiva queda una vez más en evidencia es la necesidad de que las instituciones públicas vayan alcanzando de manera progresiva y sin vacilaciones ni retrocesos el nivel de responsabilidad y de confiabilidad que corresponde a un auténtico Estado de Derecho en acción. Esto es lo que la ciudadanía quiere y demanda en formas cada vez más variadas y elocuentes, y que los poderes establecidos ya no pueden ignorar o evadir como había sido su costumbre de siempre. La institucionalidad, en todo caso, tiene que dar el ejemplo positivo de su propio desempeño, para que el país avance como se debe.
 

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