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Es determinante que a la criminalidad se le vayan cerrando todos los espacios de acción

Sería ideal que pudiera consolidarse una efectiva colaboración política entre los entes gubernamentales y las fuerzas partidarias para que la lucha contra todas las expresiones de inseguridad y de criminalidad sea unificada y consistente.
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Hasta el momento, el crimen ha podido desplegarse por todas las áreas del país prácticamente sin control. Por efecto de esa agresiva expansión de las fuerzas delincuenciales los mecanismos de la ley han venido dando la impresión de estar cada vez más a la defensiva, lo cual implica, desde luego, un trastorno básico tanto para el Estado de Derecho como para el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana. Esto no puede ser, si es que queremos mantenernos en pie como sociedad en la que son posibles la paz, la seguridad y el desarrollo.

Las cosas, sin embargo, van teniendo su propio desenvolvimiento, y cuando se llega a ciertos límites de insostenibilidad, como éste en el que nos ha colocado la constante agresión del crimen organizado, las reacciones comienzan a ser espontáneas. No hay mal que por bien no venga, dice la sabiduría popular; y eso podría aplicarse a la tristemente célebre “tregua entre pandillas” que tanto se publicitó allá por 2012. Aunque al principio dicha “tregua” pareció tener algún elemento facilitador de otros avances hacia el mejoramiento real de la situación nacional, muy pronto fue quedando claro que no era más que un subterfugio aprovechado tanto por la institucionalidad gubernamental de entonces como por las pandillas para lograr fines específicos a favor de cada quien.

De esa experiencia traumáticamente fallida, que fortaleció a las pandillas y debilitó a la institucionalidad, se ha dado un resultado positivo: el rechazo sistemático de las autoridades a entrar en cualquier tipo de entendimiento con los grupos pandilleriles. Y, por otra parte, los desesperados ataques de éstos contra la institucionalidad policial y militar lo que vienen empujando es la voluntad más clara de hacer una lucha sin contemplaciones y de mayor efectividad contra toda forma de organización criminal.

En su sesión del pasado jueves, la Asamblea Legislativa aprobó, por muy amplia mayoría, importantes reformas a la Ley Penitenciaria para regular quiénes pueden visitar a los reos en los penales, en qué tiempo se pueden hacer visitas íntimas por personas que tengan vínculos comprobables, y en todo caso exigir que el visitante demuestre de manera documental que no tiene antecedentes penales. Todo esto va dirigido a evitar que el régimen de visitas siga siendo lo que hasta ahora ha sido: un mecanismo de mensajería para que los criminales recluidos den órdenes a sus estructuras en el terreno.

Se está insistiendo también en asegurar el bloqueo de las comunicaciones telefónicas hacia y desde los centros penales. Esto se debe hacer cumplir con la ley en la mano, porque está más que comprobado que los penales vienen operando como casas de seguridad para que los gestores del crimen sigan haciendo de las suyas sin problemas. Vemos, pues, una dinámica en marcha, que ojalá pueda complementarse con lo que el Fiscal General ha manifestado sobre la persecución de los bienes de los malhechores, que por medio de la extorsión acumulan enorme riqueza a costa de la gente honrada.

Sería ideal que pudiera consolidarse una efectiva colaboración política entre los entes gubernamentales y las fuerzas partidarias para que la lucha contra todas las expresiones de inseguridad y de criminalidad sea unificada y consistente. El país lo merece y lo demanda.

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