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Es esencial que la gestión pública vaya ganando credibilidad ciudadana para que la institucionalidad funcione de veras

En estos momentos, al estar por cumplirse el segundo año de la Administración gubernamental en funciones, cifras como las que arroja la más reciente encuesta de LPG Datos indican que hay una leve aunque sintomática mejoría en la apreciación ciudadana sobre lo que hace el Gobierno.
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En las circunstancias que atraviesa actualmente el proceso nacional hay que ponerle cada vez más atención a la opinión de la ciudadanía sobre los diversos aspectos de la realidad, con especial énfasis en el juicio que resulte de la valoración del trabajo gubernamental. En estos momentos, al estar por cumplirse el segundo año de la Administración gubernamental en funciones, cifras como las que arroja la más reciente encuesta de LPG Datos indican que hay una leve aunque sintomática mejoría en la apreciación ciudadana sobre lo que hace el Gobierno. Sin duda, lo que ha generado este giro es la nueva dinámica en la lucha contra el crimen, lo cual es revelador de lo que realmente quiere la ciudadanía, que es vivir en paz y progresar de manera sostenida. Este es un signo que debería servir de guía para definir políticas verdaderamente consistentes y compartibles.

Cuando los trastornos más graves y destructivos se salen de control, el descontento muy fácilmente se va convirtiendo en desesperación; y bien se sabe que ésta es siempre mala consejera. En nuestro caso, llegar a tal punto ha tomado tiempo, y de seguro hacer que la situación entre en sus carriles naturales de forma irreversible también requerirá tiempo, porque poner en real vigencia el vivir normal después de tantos quebrantos y desajustes siempre es tarea de largo aliento y de prolongada duración. Y nada de esto podrá alcanzarse y consolidarse si no hay suficiente confianza ciudadana.

Hay, pues, ahora mismo, un reto que no puede ni debe ser eludido: el reto de rehabilitar a fondo y de manera permanente la credibilidad en el aparato estatal y en los distintos gestores del mismo. Los órganos fundamentales del Gobierno tienen que hacerse valer como instrumentos idóneos en la defensa del bien común, que tantas veces ha quedado relegado por causa del abusivo predominio de los intereses particulares o de grupo. En tal sentido, el hecho de que se estén destapando abusos en casos específicos de corrupción y de irresponsabilidad manifiesta es un buen signo de que las cosas en el país pueden ir girando a favor del honrado proceder y del eficiente desempeño.

La ciudadanía reclama de sus máximos representantes, designados por ella misma, responsabilidad y eficacia. En ninguno de estos dos campos ha sido ejemplar la llamada “clase política”, y dicha falta de ejemplaridad es lo que los ciudadanos tienen más en cuenta al hacer valoraciones sobre el trabajo público en concreto. La buena marcha del país lo que requiere, en primera instancia, es que las instituciones cumplan con su cometido teniendo siempre en mira los propósitos generales. Hasta la fecha no ha sido esa la norma constante, y ya es hora de superar la adicción conflictiva, no sólo en situaciones específicas, como son por ejemplo las referentes a la lucha contra el crimen, sino en todo lo que signifique atender intereses nacionales.

Es fundamental que la confianza en el desempeño de las instituciones y de aquellos que las dirigen se haga presente en todas las expresiones del quehacer nacional. Si los flujos de confianza no se incrementan significativamente no saldremos del empantanamiento en que se encuentran atrapadas muchas de las grandes temáticas que hay que atender. Eso es lo que habría que superar sin tardanza para bien de todos.

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