Es evidente que estamos en una etapa que exige transformaciones institucionales que vayan en línea con la dinámica del proceso nacional

Tengamos todos en la mira el desempeño institucional progresivo, porque de él depende en gran medida que vayamos orientándonos por el rumbo correcto al que tanto aspira y que tanto demanda el sentir ciudadano. Este es un momento clave que no hay que desperdiciar bajo ningún pretexto.
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Al hacer un recorrido por los distintos acontecimientos que van sucediéndose prácticamente en todos los ámbitos de nuestra realidad, lo que de forma más patente queda de manifiesto es que El Salvador vive un momento evolutivo de gran intensidad. Y la novedad principal al respecto es que dicha dinámica no responde a ningún impulso político determinado ni a ninguna estrategia desatada desde el poder, sino que es efecto del proceso mismo que se viene desplegando desde que concluyó el conflicto bélico hace ya casi un cuarto de siglo. En tal sentido, así como se multiplican los problemas por falta de adecuados tratamientos para encontrar las debidas soluciones también se están multiplicando las señales que podrían conducir hacia nuevos enfoques y nuevas perspectivas renovadoras.

La sensación que impera, sin embargo, es la de la inseguridad en todos los órdenes; y esto deriva, en gran medida, de que la institucionalidad no se ha puesto en línea con la realidad en la forma y en la medida que se requieren para crear en el ambiente credibilidad y confianza. Hay mucha confusión sobre cómo tratar los problemas y, por consiguiente, la percepción de ineficiencia sigue creciendo. Tenemos, por ejemplo, el punto de la reforma del sistema de pensiones, que se halla al rojo vivo porque no se trata como una renovación responsable, sino como una vía para solventar urgencias financieras del Estado. En otro ámbito, el tema no dilucidado de lo que ocurrió con la “tregua” entre pandillas no se clarifica porque todo aquello se manejó en forma casi clandestina para buscar resultados de imagen coyuntural, como no debe ser en ningún caso cuando se trata de la institucionalidad pública.

Ahora el esquema de control de probidad está moviendo piezas que antes hubieran sido intocables, y eso mueve a confiar en que el proceso avanza también en un campo tan espinoso como este; pero hay que cuidar que no se mezclen intencionalidades políticas de ninguna índole, ni a favor ni en contra, a fin de que la verdad pueda ir saliendo a luz, independientemente de quién se trate. La institucionalidad tiene el inequívoco deber de hacer bien su trabajo, precisamente para que el sistema gane confiabilidad ante quienes son sus mandantes fundamentales, que son los ciudadanos.

En lo que a Seguridad Pública y a desempeño fiscal se refiere, en ambos campos ha habido relevos recientes al más alto nivel, que ya provocaron reacomodos importantes en las estructuras orgánicas. Ahora las respectivas cúpulas y sus medidas de reorganización están a prueba de efectividad inmediata, y lo que se espera es que las institucionalidades correspondientes puedan no sólo interactuar de manera más eficaz sino crear en el terreno una atmósfera de creciente convicción en el sentido de que se está volviendo a imponer el imperio de la ley sobre el imperio del crimen. Es decir, poner cuanto antes las cosas en su puesto. Aquí también es indispensable que la racionalidad estratégica se ponga por encima de la improvisación calculada, que es lo que ha venido haciéndose valer por tanto tiempo.

Tengamos todos en la mira el desempeño institucional progresivo, porque de él depende en gran medida que vayamos orientándonos por el rumbo correcto al que tanto aspira y que tanto demanda el sentir ciudadano. Este es un momento clave que no hay que desperdiciar bajo ningún pretexto.

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