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Es fundamental en todo caso asegurar que el Estado de Derecho funcione de manera plena y estable

El Estado de Derecho tiene que ser el marco inescapable de todo accionar tanto político como institucional. En tal sentido, el respeto mutuo entre las organizaciones y las instituciones en juego debe ser norma inquebrantable.
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Cuando se enfoca en perspectiva la realidad nacional que vivimos cotidianamente los salvadoreños en los distintos ámbitos y niveles de la misma, lo que primero salta a la vista es la inseguridad que campea por todas partes y en las más variadas formas. Ahí está la principal emergencia que habría que atender de inmediato, porque cuando la inseguridad es el factor determinante de todo lo demás no hay cómo encontrar salidas viables a la problemática en su conjunto. Estamos atrapados en nuestros problemas, y reconocerlo así sería el comienzo indispensable de una nueva hoja de ruta en todos los órdenes.

Si bien es cierto que durante este ya largo recorrido de posguerra no ha habido rupturas en el orden institucional, no hay que dejar de lado el hecho de que tal continuidad es inestable en sí, porque los dinamismos nacionales no cuentan aún con los soportes de credibilidad y de interacción que se requieren para que el sistema funcione de veras como debe ser. Para que haya credibilidad, la gestión pública tiene que moverse en la línea del bien común, independientemente de las ideologías que se turnen en el ejercicio del poder político; y para que haya interacción es determinante que los distintos sectores, organizaciones y fuerzas creen espacios de entendimiento básico y permanente en los diversos asuntos que hay que encarar y tratar en el ejercicio de la función pública.

El Estado de Derecho tiene que ser el marco inescapable de todo accionar tanto político como institucional. En tal sentido, el respeto mutuo entre las organizaciones y las instituciones en juego debe ser norma inquebrantable. Cuando tal respeto se vulnera o se quebranta, lo que se produce es el trastorno de consecuencias imprevisibles, como estamos viendo ahora mismo en el patético caso venezolano, que ha traspasado todos los límites de la racionalidad y se encuentra ya en el plano de lo incontrolable, como está reconociendo la comunidad internacional con preocupación y rechazo crecientes.

En nuestro caso, también hay preocupación internacional por las señales negativas que se producen en el ambiente, como es el ataque sistemático contra la justicia constitucional y la inoperancia de los intentos por hallar rutas de entendimiento en el plano político. Estamos a tiempo de entrar en nuevos esquemas de conducta, porque la realidad lo exige sin alternativas, pero eso no se dará en forma mecánica: hay que activar los mecanismos racionales, haciendo que se garantice, en primer lugar, el imperio de la ley en todas sus formas y estimulando de inmediato un positivismo comprometido con la solución real de los diversos problemas.

El Estado de Derecho es mucho más que una formalidad puramente legal: es el sustento de la normalidad generalizada, que es lo que no hemos tenido hasta la fecha. Esto quiere decir que el Estado de Derecho no ha cumplido aún entre nosotros la función plena y estable que le compete y que le da su razón de ser. Es lo que tenemos que reconocer y aceptar sin reservas de ninguna índole para entrar en esa nueva fase de la evolución democrática en la que todos los salvadoreños tenemos que accionar en común.

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