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Es fundamental mantener mecanismos de limpieza institucional sobre todo en aquellas áreas más vulnerables a la infiltración del crimen

El crimen organizado cuenta con recursos de intimidación que no se detienen ante nada, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de emprender mecanismos de contención y de erradicación dentro de los espacios institucionales, en especial los más vulnerables.
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El estado actual de cosas en los distintos ámbitos institucionales del país va volviendo indispensable, cada día con más apremio, el activar mecanismos de protección de la buena marcha de las instituciones y el promover ejercicios de saneamiento que vayan permitiendo asegurar la salud estructural del sistema. En las circunstancias presentes aún no es posible garantizar que el panorama esté cambiando hacia mejor, porque son muy incipientes y parciales los esfuerzos regeneradores. Realmente sería necesario entrar en una nueva dinámica de tratamiento de los problemas, que comience por replantearse a fondo las relaciones intersectoriales, en función de que ninguno de los actores en juego, y sobre todo los que tienen más incidencia en el quehacer nacional, pueda evadir la responsabilidad de contribuir a que el país encuentre el rumbo definitivo hacia la paz con desarrollo.

En otras palabras, lo que se impone, por obra de las circunstancias, es hacer tarea preventiva, como complemento indispensable de las correcciones que hay que ir haciendo en la medida que los hechos lo demandan. Para el caso, en las instituciones que tienen a su cargo de modo inmediato la preservación de la legalidad, de la justicia y del orden, como son la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil y el Órgano Judicial, así como en otras áreas colaterales de suma importancia, como es la red de reclusorios penales, la labor depuradora tiene que ser constante y contar con los apoyos necesarios, ya que a nadie puede escapar que uno de los objetivos principales de la criminalidad organizada se orienta a socavar las estructuras institucionales y a minar las bases del esquema legal. Hasta la fecha, tal objetivo destructor viene avanzando en forma consistente y sistemática, por lo que se hace indispensable, con creciente urgencia, que la institucionalidad tome la iniciativa correctora al respecto.

El sistema judicial y el sistema carcelario se hallan sin duda altamente contaminados por el embate criminal, que se despliega con la habilidad clandestina que le caracteriza. El crimen organizado cuenta con recursos de intimidación que no se detienen ante nada, y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de emprender mecanismos de contención y de erradicación dentro de los espacios institucionales, en especial los más vulnerables. Tiene que haber toda una política de múltiples facetas en razón de concretar las limpiezas que correspondan en los momentos sucesivos.

El que una eficaz investigación se mantenga siempre activa resulta entonces clave al respecto, la cual debe ir acompañada por un ejercicio de inteligencia institucional que esté a la altura de lo que las circunstancias demandan. Cada institución tiene que hacer lo suyo, pero la Fiscalía General de la República, en asocio estrecho con la Policía Nacional Civil, llevan el rol de avanzada en esta cuestión tan vital. De lo que se trata es de prevenir en vez de lamentar, como aconseja la sabiduría popular. Y, además, la efectividad institucional oportuna ejerce una función disuasiva que se vuelve instrumento de control con carácter permanente.

Si la institucionalidad no es confiable en la medida adecuada no hay cómo garantizar el ejercicio pleno de todas las funciones públicas.

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