Es fundamental que la efectividad de las autoridades se haga sentir cada vez más frente a todas las formas de criminalidad

La ley y la autoridad están en la obligación inexcusable de asumir el rol que les corresponde, de manera inequívoca y directa. El que violente la legalidad establecida, sea quien fuere, debe recibir todo el peso de la ley.
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Se hace cada vez más claro que la delincuencia organizada, y en particular las estructuras pandilleriles, le han declarado la guerra al aparato institucional encargado de asegurar el imperio de la ley y de garantizar el orden público. Estamos en una etapa superior de esta avanzada del crimen que se viene dando en el país desde hace ya bastante tiempo, y ahora mismo el desafío delincuencial se presenta cada vez con más desfachatez, como si se tratara de una lucha cuerpo a cuerpo. Los hechos cotidianos vienen demostrándolo con creciente evidencia. Para el caso, en lo que va del año son 18 los agentes policiales y 5 los militares asesinados por pandilleros. Y es notorio que los miembros de pandillas cuentan con armamento sofisticado y reciben entrenamiento de carácter militar.

En estas condiciones, el reto para la institucionalidad se vuelve apremiante, según se puede percibir en día a día y, sobre todo, como lo hace ver la ciudadanía de distintas maneras, con impaciencia y reclamo en aumento. No es casual, entonces, que comiencen a darse reacciones institucionales en la línea de responder a las exigencias tanto de la realidad como de la población. El accionar policial se percibe más intenso, y ya se han anunciado, desde el más alto nivel gubernamental, medidas para incrementar la eficiencia en la lucha contra la criminalidad organizada, como es la creación de unidades especializadas tanto en la PNC como en la Fuerza Armada para contrarrestar el asedio de los delincuentes en el terreno. Lo verdaderamente importante es, desde luego, que tales iniciativas, como otras que deberán tomarse de inmediato para que la ley se haga valer, sean capaces de hacerle sentir a la ciudadanía que el actual estado de cosas se está revirtiendo a su favor.

Porque si algo favorece al crimen en sus distintas manifestaciones es el estar a la ofensiva frente a la autoridad, que hasta el momento ha venido pareciendo a la defensiva. Y no hay tiempo que perder, porque el deterioro nacional se intensifica a diario, con las consecuencias desastrosas que eso acarrea para la normalidad en todos los campos. No hay justificaciones ni evasivas que valgan al respecto. La ley y la autoridad están en la obligación inexcusable de asumir el rol que les corresponde, de manera inequívoca y directa. El que violente la legalidad establecida, sea quien fuere, debe recibir todo el peso de la ley. Y esto no puede ser matizado ni mucho menos negociado bajo ningún pretexto. Es cuestión de vida o muerte para el Estado de Derecho.

Contar, en el menor tiempo posible, con una estrategia integral para atacar a fondo la inseguridad en los distintos planos de la vida nacional constituye tarea prioritaria para todos, entendiendo que ahí van envueltos el Gobierno, las instituciones y organizaciones de la más variada índole y la sociedad como tal. Ningún tratamiento parcial puede generar la dinámica reconstructiva que estamos necesitando, tanto en lo que se refiere a la confianza como en lo que toca a la eficacia en los hechos. La organización del crimen ha llegado ya demasiado lejos, y cortarle todas las vías de acceso a la realidad es lo que se impone como propósito definitivo. Es decir, al crimen hay que secarle la alberca y eliminarle las fuentes de sostén.

Esperamos que lo inmediato nos traiga señales consistentes, confiables y verificables en esa línea. El país ya no aguanta más, y eso es lo que hay que tener presente a toda hora.

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