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Es ilegítimo ocupar la presión política para que los entes institucionales ajusten sus decisiones a los designios de los que gobiernan

Gobernar, en el sentido justamente democrático del término, no es hacer la voluntad de los que gobiernan sino ejecutar la voluntad de los ciudadanos que han depositado tal encargo en sus representantes designados para ello. Si esto no se da, la democracia no está comportándose como tal.
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En épocas pasadas el equilibrio de poderes dentro del aparato estatal estaba mucho más en las palabras de la ley que en los hechos reales, lo cual fue generando una distorsión que se volvió prácticamente natural, con todos los vicios y trastornos que de ella se derivaban en los hechos cotidianos. Tal distorsión estaba centrada en el presidencialismo absorbente y prepotente, que hacía de la figura presidencial el centro del poder. Al ser este un fenómeno antidemocrático por excelencia, cuando la democratización fue tomando crecientes posiciones en el ambiente tal hegemonía incuestionada tuvo que empezar a ceder, aunque con las resistencias y maniobras consiguientes. Y hay que considerar, además, que tal presidencialismo tuvo efectos de contagio en la administración en general, porque muchos jefes administrativos o edilicios se lo adjudicaron como comportamiento propio.

Los avances de la democratización, que han tenido y siguen teniendo diversidad de obstáculos en el camino, contribuyen sin duda a que el equilibrio de poderes antes mencionado se vaya haciendo realidad; y aunque tal desenvolvimiento es aún incipiente en muchos sentidos, es posible advertir cómo van perfilándose las tareas de los distintos organismos estatales según las atribuciones y las responsabilidades que les corresponden. Hasta no hace mucho, por ejemplo, tanto el Órgano Legislativo como el Órgano judicial tenían notorios lazos de dependencia respecto del Ejecutivo, lo cual determinaba en buena medida el quehacer institucional en su conjunto.

Ahora hay bastante más independencia entre poderes por efecto de la misma dinámica del proceso, y eso despierta reacciones encontradas: se dan valoraciones positivas al respecto en especial desde los distintos ámbitos ciudadanos y se producen resistencias enconadas desde algunas áreas del poder. El recurso más usual para abanderar dichas resistencias es la descalificación. Por ejemplo, en lo tocante al rechazo que ciertos sectores políticos y personeros de la izquierda esgrimen contra las sentencias de la Sala de lo Constitucional, el argumento manido es el señalamiento de que dicha Sala está al servicio de los intereses de la derecha. Hay que dejar que la independencia institucional gane fuero y vigencia en nuestro ambiente, y reconocer sin tapujos ni descalificaciones que cada órgano y cada entidad tiene su propia función, que debe ser cumplida sin otro parámetro que el de la propia responsabilidad.

Si de algo está harta la ciudadanía, y lo hace saber de las más variadas formas y con todos los énfasis posibles, es de que el poder quiera seguir imponiéndose a su antojo. Esto, en realidad, ya no es posible, al menos al estilo de antaño, y lo que busca y exige el sentir ciudadano es que la institucionalidad se comporte como lo que es: delegada de la voluntad popular para llevar a cabo los mandatos del bien común. Gobernar, en el sentido justamente democrático del término, no es hacer la voluntad de los que gobiernan sino ejecutar la voluntad de los ciudadanos que han depositado tal encargo en sus representantes designados para ello. Si esto no se da, la democracia no está comportándose como tal.

Toda transgresión de este principio fundamental es un ataque directo al sistema, y así debe ser denunciado para su corrección inmediata por las vías adecuadas. En ningún caso hay que permitir que se quebranten los principios del buen gobierno.

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