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¿Es la reforma de pensiones relevante para la informalidad?

Debido a beneficios por encima de la proyección de cotizaciones en curso, el sistema público de reparto, como en otros países de América Latina, adolecía de insostenibilidad financiera. En 1996 la realidad presionó para realizar una reforma previsional y crear un sistema de ahorro con capitalización individual con aportes definidos, pero no con beneficios definidos. El Estado quedó comprometido a pagar las pensiones del antiguo sistema, aspecto que la experiencia negó poderse realizar, principalmente con recursos propios. Sin embargo, se formó el fondo de pensiones, que no existía, para ser usado a manera de “reserva”. Aun con todo lo que ha sucedido, a 2016 el fondo ha alcanzado $9,251 millones, de los cuales $5,234.6 millones no están invertidos en Certificados de Inversión Previsional y representan el 19.5 % del PIB. Estos recursos son de los trabajadores y son usados, en parte, para pagar pensiones de los “optados” al sistema, y son fondos que no tiene que financiar el Estado, hasta hoy.
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Reserva es una palabra importante para discernir. Crear una reserva es realizar un almacenamiento para una previsión, además que multiplica el ahorro, reduce la necesidad de recursos para pagar pensiones, con otras fuentes que no sean aportaciones o ahorro, presiones que recurrentemente recaen sobre el Estado. Lo contrario es imprevisión. Ante el derecho adquirido de pensión, sin reservas es El Estado quien tiene que sufragar todos los pagos, lo que implica una suma mucho más alta.

Adicionalmente, el grupo poblacional con el cual el sistema y el Estado se comprometen a pagar pensiones es con el sector formal. El porcentaje de cotizantes en relación con los ocupados de la PEA está ubicado en aproximadamente 28 % para 2015. Sin embargo, este porcentaje es menor que el promedio de América Latina, el cual se encuentra en 44.7 % (“Mejores pensiones, mejores trabajos”, 2013, BID) e indica una brecha relevante y muestra que hay oportunidades de mejora.

Por otro lado, una amplia y diversa proporción de la población trabaja en la informalidad, en tanto no tienen obligación, aun recibiendo ingresos laborales, no realizan cotizaciones al sistema de seguridad social, encontrándose lejos de la sombra del sistema y del Estado. El porcentaje de los ocupados en la informalidad, aunque se ha mantenido constante, 68.9 % en 2007 al 71.4 % en 2015, en número de personas tiene un incremento desde 1.4 millones a 1.8 millones de trabajadores en estos años.

Desde una perspectiva integral, la informalidad es un fenómeno que, en mayor medida, es reflejo de un mercado laboral estrecho, donde los trabajadores están excluidos de la seguridad social, por lo cual es necesario impulsar la formalización. En este sentido, es transcendental superar al bajo dinamismo de la economía, revisar cambios sociales, demográficos y la rigidez de la regulación, logrando así que el sistema cumpla con su rol en la parte formal. Sin lo anterior, hacia el futuro, esta situación redundará en personas sin pensión en la vejez, y a su vez, en tanto los ingresos en la informalidad son más bajos y los compromisos son con los formales, redundará en regresividad del gasto público relacionado con pensiones.

Debido a lo anterior, es necesario poner la lupa en el engranaje relacionado con el mismo sistema de pensiones, y sus eventuales cambios, teniendo presente que la estructura de incentivos impacta el comportamiento de los trabajadores. Al respecto, surgen preguntas: ¿qué razones tiene una persona para cotizar más allá de la obligación de ley? Si se otorga un beneficio sin aportar, ¿qué incentivos tiene para cotizar? ¿Cómo se pagarían pensiones a la parte informal sin reservas? ¿El Estado se endeudará más, tanto con los formales como con los informales?
 

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