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Es vital establecer una coordinación plena entre todas las instituciones nacionales para que la lucha contra la criminalidad prospere

Resulta inverosímil que ante una exigencia y una demanda tan imperiosas como éstas que se refieren al control de la criminalidad en todas sus formas, las respuestas de los actores principales que deben servir a los intereses más sentidos de la ciudadanía porque es a quien representan sean tan insuficientes y descoordinadas.
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Se ha conocido en estos días que el desarrollo de los programas de prevención de la violencia activados dentro del Plan El Salvador Seguro en 26 municipios priorizados al respecto sufre estancamiento a raíz de diferencias al interior de los concejos municipales respectivos por discrepancias entre sus integrantes, que provienen de distintos partidos en razón de la representación plural. Este es un fenómeno que se inserta dentro de la generalizada conflictividad política existente, que va causando tanto daño al normal desenvolvimiento del acontecer nacional de las más variadas formas. Y hoy, cuando las campañas electorales próximas ya están moviéndose en el campo de los hechos, se vuelve aún más complicado activar iniciativas que necesitan del concurso de todos para ser realmente viables.

El Plan El Salvador Seguro es claro que no resulta suficiente como tal para rehabilitar la seguridad en los distintos espacios nacionales, pero sus líneas de acción pueden ser útiles para ir atendiendo situaciones concretas, en vías de preparar condiciones para una estrategia más integral; y el hecho de que esté encontrando trabas tan notorias y evitables en el terreno muestra lo difícil que es impulsar acciones referidas a toda esta problemática tan sensible. Como dijo la representante adjunta del PNUD en el país en un encuentro reciente entre alcaldes y concejales de los 26 municipios aludidos: “El diálogo es fundamental para generar acuerdos que conlleven a la implementación efectiva de políticas públicas”. Esto es algo natural y notorio, que ya ni siquiera debería ser necesario reiterar, pero que por desgracia entre nosotros resulta una consideración patética y sistemáticamente ausente.

Resulta inverosímil que ante una exigencia y una demanda tan imperiosas como éstas que se refieren al control de la criminalidad en todas sus formas, las respuestas de los actores principales que deben servir a los intereses más sentidos de la ciudadanía porque es a quien representan sean tan insuficientes y descoordinadas. Las actitudes políticas nunca dejarán de hallarse influidas por los intereses políticos, pero la medida de esa influencia tiene que estar en concordancia con el interés superior, que es el de la sociedad en su conjunto y el de la población individualizada de las diversas formas en que tal individualización se manifiesta.

Como hemos repetido sin cansarnos cuantas veces ha sido oportuno y conveniente, la problemática de la agobiante inseguridad ciudadana es un desafío que hay que enfrentar como sociedad y como institucionalidad con todos los componentes de coordinación efectiva que las mismas circunstancias exigen. Y los políticos tendrían que haber entendido ya que la puesta en práctica de un plan que realmente ataque a fondo dicha problemática traerá beneficios para todos los que lo hagan posible, independientemente de sus colores políticos, porque la ciudadanía está cada vez más consciente y convencida de que nadie en solitario puede enfrentar con reales expectativas de éxito este reto de proporciones crecientes.

La realidad del día a día, que está cargada de tantas adversidades en especial para el ciudadano común, no deja ni un solo instante de reclamarnos a todos que actuemos en consecuencia, por encima de cualquier consideración limitante. Esta es una tarea histórica de cuyo resultado depende lo que tanto el país como su gente puedan esperar de aquí en adelante.

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