Es vital para el país que haya gobernabilidad en serio

No basta, desde luego, con lograr mayorías simples en la Asamblea Legislativa, y en especial cuando ello se consigue sobre la base de componendas que responden a intereses de sector o de grupo.
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Uno de los requisitos básicos para que en el ambiente nacional haya estabilidad, seguridad y prosperidad es que se cuente con una gobernabilidad real y eficiente. Esto ha venido haciendo falta desde el inicio de nuestra andadura democrática, hace ya más de 30 años, y cada vez se hace más sensible tal ausencia. Hemos tenido un juego de fuerzas políticas más o menos artesanal, sostenido exclusivamente por las alianzas circunstanciales entre partidos, basado en intereses particulares y no en el ejercicio responsable del bien común; y por ello nuestro desenvolvimiento democrático sigue siendo frágil y expuesto a quebrantos recurrentes.

El caso de la Corte de Cuentas de la República grafica lo afirmado en forma más que elocuente. Dicha institución viene padeciendo, desde siempre, el abuso estructural desde las áreas superiores del poder político, porque mantener ahí el control partidario ha sido una especie de seguro de impunidad. Eso es lo que está entrando en crisis, con las resistencias traumáticas que se hacen sentir. Lo normal dentro de la evolución institucional necesaria en todos los órdenes sería que dicha Corte, que tiene tan poco de tal, se convirtiera en un verdadero tribunal contralor, con suficiente independencia para ejercer su labor en forma verificablemente confiable.

Para que haya gobernabilidad en el sentido estricto de la palabra es indispensable que los equilibrios democráticos funcionen de manera natural; es decir, que cada uno de los componentes de la estructura institucional del Estado cumpla con su cometido sin reservas, subterfugios, maniobras ni dobles intenciones o propósitos. En esa tarea, los partidos políticos tienen una responsabilidad especial, ya que son los vehículos principales de la representación popular. Y el hecho de que los partidos no hayan cumplido debidamente tal responsabilidad es, en buena medida, factor causante de los desajustes que padecemos.

No basta, desde luego, con lograr mayorías simples en la Asamblea Legislativa, y en especial cuando ello se consigue sobre la base de componendas que responden a intereses de sector o de grupo. Esto ha sido lo tradicional, y las consecuencias están a la vista, sin que nadie pueda ya darse el lujo de desconocerlas. Lo que la realidad democrática demanda es que todas las fuerzas, y sobre todo aquéllas que tienen más poder de decisión por el caudal de apoyo ciudadano que representan, logren establecer un espacio de entendimientos básicos en el que la gobernabilidad pueda desplegarse de manera efectiva. Gobernabilidad equivale, pues, a ejercicio compartido de la responsabilidad de gobernar, cada quien desde su respectiva posición, conforme a la voluntad ciudadana sucesivamente expresada.

Gobernabilidad, entonces, no es maniobrabilidad, como pareciera creerse. Esto hay que tenerlo presente para no reincidir en los conocidos vicios de funcionamiento, que tanto daño le hacen al proceso y a los mismos que persisten en las prácticas distorsionadoras. Merecemos un ejercicio de gobernabilidad que responda a lo que el país necesita para su funcionalidad y para su competitividad. Esto hay que demandarlo cuantas veces sea preciso.

Esperamos que entre los compromisos principales e inexcusables del Gobierno que entrará en funciones en 2014 esté en primera línea el de apuntarle a una auténtica gobernabilidad, sea quien fuere el que reciba el encargo en las urnas. Esto debería ser inexcusable para otorgar la confianza.

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