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Es vital para la estabilidad del país que todos los entes institucionales ajusten sus actuaciones al orden legal y a la disciplina democrática

Todos tenemos que estar atentos no sólo a los hechos más relevantes o pintorescos del día a día sino también, y de la manera más consciente y comprometida posible, a la evolución general de nuestro proceso modernizador, en el que la democracia y su régimen legal y de libertades tienen un rol determinante.
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Como vamos viendo en el día a día de nuestra realidad política y administrativa, el punto de la consistencia institucional ha pasado a ser uno de los más sonados en el ambiente complejo y desafiante que vivimos. A partir del trabajo revelador que vienen haciendo entidades como la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República, aumenta en los distintos sectores nacionales el interés por conocer cómo está el funcionamiento del aparato estatal en su conjunto, porque en verdad se trata de una red de atribuciones y de responsabilidades institucionales que deben manifestarse en armonía tanto de propósitos como de actividades para que la acción del Estado cumpla a cabalidad todos sus objetivos y metas.

Si bien las investigaciones y los enjuiciamientos por presuntos actos delictivos en las más altas esferas del poder tienden a acaparar, como es entendible, la atención en momentos determinados, no hay que dejar de lado el hecho cierto de que la tarea de reordenamiento y de limpieza de todo el aparato institucional es el reto principal de la coyuntura histórica presente. De lo que se trata en verdad es de que los vicios y las distorsiones que vienen alterando tradicionalmente el despliegue y el funcionamiento de la institucionalidad pública en su conjunto no sólo se pongan a la luz sino que, a partir de ese destape generalizado, puedan irse atacando de manera correctiva y preventiva para asegurar la limpieza de todo el aparato.

No sólo es cuestión de perseguir eficientemente todos los procederes delictivos, sino que hay que prevenir de manera sistemática los actos indebidos, los excesos abusivos y las prácticas indeseables. Hay que partir, desde luego, de un sano ordenamiento de poderes no sólo en el marco legal sino también, y fundamentalmente, en el desempeño de las atribuciones. Por ejemplo, no es admisible bajo ningún concepto que se sigan empleando artificios para fingir Presupuestos Generales financiados; que haya un desborde de contrataciones administrativas en función del clientelismo político; y que cargos de gran importancia para el buen desempeño de la función pública queden vacantes por tiempo cada vez más prolongado porque los actores políticos no se ponen de acuerdo para las votaciones correspondientes.

Uno de los principios básicos que deben ser puestos en la primera línea del quehacer nacional es el principio de responsabilidad. Las instituciones como tales y cuantos participan de su funcionamiento, en especial los que están al frente de ellas, tienen el deber inexcusable de actuar con responsabilidad, lo cual implica probidad y eficiencia en todo momento y en toda circunstancia. Ambos temas –la probidad y la eficiencia– palpitan hoy con fuerza sin precedentes porque la misma realidad de nuestro proceso así lo determina en los hechos del vivir cotidiano. La ciudadanía se vuelve cada vez más exigente al respecto, y los agentes estatales y políticos son los destinatarios naturales de todas esas exigencias que surgen constantemente en la agitada y en tantos sentidos perturbada cotidianidad.

Todos tenemos que estar atentos no sólo a los hechos más relevantes o pintorescos del día a día sino también, y de la manera más consciente y comprometida posible, a la evolución general de nuestro proceso modernizador, en el que la democracia y su régimen legal y de libertades tienen un rol determinante. Es hora de no dejar ni un instante de mantener el dedo sobre el renglón.

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