Esperamos la aclaratoria de la Sala

Hace unas semanas, la Sala de lo Constitucional nos sorprendió con una resolución de seguimiento en un proceso de amparo con motivo de la falta de información de viajes y gastos del expresidente Funes.

Enlace copiado
Enlace copiado

En esa resolución, además de tener por no cumplida la sentencia, en un obiter dictum la Sala hizo referencia a tres criterios que, a su juicio, deberían considerarse al momento de brindar acceso a información pública.

En declaraciones posteriores también se ha dicho que hay solicitudes de información que obstaculizan el trabajo de ciertas instituciones, y que el derecho de acceso a la información pública –en palabras de uno de los magistrados– no es el derecho que tienen los ciudadanos de quitarle el tiempo a los servidores públicos. Y hemos conocido que la Sala está preparando una aclaración de su resolución, la cual a la fecha de redacción de esta columna, está pendiente.

Nosotros ya hemos sentado posición sobre la resolución de la Sala, por lo que esperamos que con la aclaratoria anunciada pueda retomarse el rumbo que se traía en la protección de este derecho.

Pero sin perjuicio de la aclaración que ojalá venga pronto, y ante las recientes declaraciones emitidas, nos parece oportuno insistir en algunas de nuestras reflexiones: 1) la expresión de peticiones “superfluas” no es un concepto utilizado por el legislador y permite un margen de discrecionalidad muy amplio al gusto del obligado; 2) al hacer alusión a peticiones que denote un interés deliberado por obstaculizar el desarrollo normal de las instituciones, se incorpora una apreciación subjetiva que puede dar lugar a abusos de las autoridades; y 3) en relación con información sobre hechos que no tuvieron lugar en gestión de sus actuales titulares, nos parece que lo inapropiado de tal criterio es más evidente cuando, precisamente, reconstruir información supuestamente inexistente sobre los viajes del expresidente es el objeto de la sentencia estimativa del amparo cuya resolución nos ocupa.

Nosotros respaldamos la defensa de la democracia y del Estado de Derecho que ha venido realizando la Sala; y en el caso concreto, reconocemos su papel en el desarrollo y defensa del derecho de acceso a la información pública. Sin embargo, creemos que esta vez se equivocó, y que debe rectificar o aclarar pronto. Por hoy, queda un sinsabor de retroceso, que puede abrir ventanas que permitirían vaciar de efectividad ese derecho, en detrimento del avance que veníamos observando.

En nuestro país, toda persona tiene derecho a conocer la forma en que sus funcionarios se desempeñan, y tiene derecho a saber cómo se administran los recursos públicos. Reconocemos que el derecho de acceso a la información pública no es absoluto, pero ya la ley señala que las excepciones se perfilan cuando se trata de información confidencial o reservada.

Es la ley la que permite que los oficiales de información no den trámite a solicitudes que sean ofensivas, indecorosas o que sean manifiestamente irrazonables. Lo que esperamos es que sean las instituciones obligadas las que comiencen a darle contenido a estas excepciones, y que la Sala –como en otros casos– garantice que tales criterios no se apliquen abusiva o antojadizamente.

La información pública es de la ciudadanía; no nos hacen un favor. Se trata simplemente de ejercer nuestro derecho a saber.

Lee también

Comentarios

Newsletter