Espionaje político. ¿Reseña histórica o realidad nacional?

Constituye un abuso del poder y un irrespeto a las garantías constitucionales de la población, lo cual coadyuva al decaimiento del Estado de Derecho.

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Entre 1955 y 1961, Johnny Abbes García sirvió como jefe del Servicio de Inteligencia Militar (SIM), durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en la República Dominicana. El SIM fue una poderosa organización que aterrorizaba a la población con crímenes y torturas, teniendo en su nómina a miles de agentes secretos diseminados en todo el país, entre los que había desde limpia botas hasta altos funcionarios y militares de alto rango. Mediante el espionaje político, El Benefactor tenía la capacidad de vigilar a la población, emplear métodos para atemorizarla, delatar a los detractores del régimen, torturarlos, entre otras atrocidades.

La dramática realidad que vivió la República Dominicana durante esa época no se aleja mucho de nuestra realidad actual. Recientes investigaciones periodísticas y análisis forenses han revelado que el Gobierno de El Salvador, a través de la Organización de Inteligencia del Estado (OIE), ha estado espiando a un aproximado de 500 personas, entre las cuales se encuentran periodistas, empresarios, diplomáticos, diputados, funcionarios de otros órganos de Estado y demás personas que se sospecha están en desavenencia con el oficialismo.

Lo anterior, claramente constituye una grave violación a los derechos y garantías fundamentales de la población, ya que se están interviniendo sus comunicaciones para fines ilegítimos y contrarios al ordenamiento jurídico, siendo que el propósito que se busca con esto es consolidar estratégicamente la posición política del actual gobierno y perseguir políticamente a los que se opongan al mismo. En ese sentido, es de esencial importancia aclarar que nuestro ordenamiento jurídico sí reconoce que la intervención de las telecomunicaciones constituye un instrumento útil en la persecución del delito, en particular la criminalidad organizada, pero su utilización debe estar resguardada por garantías que eviten abusos contra la intimidad de las personas.

Al respecto, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución de la República, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, nadie puede ser objeto de injerencias ilegales, arbitrarias o abusivas en su vida privada y la de su familia, y toda persona tiene derecho a la protección contra esas injerencias o ataques. Asimismo, el artículo 24 de la Constitución de la República establece que se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones, salvo autorización judicial debidamente motivada y razonada en el marco de un proceso de carácter penal y en los casos especialmente estipulados en la Ley Secundaria, en este caso, la Ley Especial para la Intervención de las Comunicaciones.

Según lo establece el artículo en referencia, si un funcionario incumple lo antes dispuesto, será causa justa para la destitución inmediata de su cargo y dará lugar a la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Claramente, dicho precepto constitucional no será aplicado en contra de las autoridades.

Como Centro de Estudios Jurídicos exhortamos enérgicamente a la población salvadoreña a que reflexione sobre su propia historia y la de otros países de Latinoamérica, para que podamos evitar los errores cometidos en el pasado. Asimismo, condenamos toda forma de espionaje político por parte del oficialismo, ya que constituye un abuso del poder y un irrespeto a las garantías constitucionales de la población, lo cual coadyuva al decaimiento del Estado de Derecho.

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Tags:

  • espionaje político
  • abuso
  • Rafael Leónidas Trujillo
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