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Estabilidad y certeza para potenciar el agro

No es un secreto que la agricultura ha venido disminuyendo su importancia relativa en la economía salvadoreña. Tanto si hablamos del comercio exterior como del Producto Interno Bruto, lo cierto es que en los últimos años las actividades agrícolas contribuyen cada vez menos a la generación de riqueza en nuestro país. Hoy en día la agricultura representa únicamente el 10 % del PIB y las exportaciones agrícolas únicamente el 11 % de las exportaciones totales.
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Tharsis Salomón López / Ministro de Economía

Tharsis Salomón López / Ministro de Economía

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Hay varias razones que explican este fenómeno. Por un lado, un modelo económico que ha favorecido el desarrollo de los servicios y el comercio, en muchos casos, en detrimento de las actividades primarias. También, la degradación de los suelos debido al uso de malas prácticas agrícolas que restan productividad y desestimulan la inversión en el campo.

Pero hay un tercer elemento de especial relevancia que es al que quiero referirme: la falta de estabilidad y certeza jurídica en los contratos de arrendamiento. Mientras permanezca esta situación seguiremos frente a un subutilización de los recursos agrarios que se expresa principalmente en el mantenimiento de cientos de miles de manzanas de tierra cultivable en condición ociosa.

La ausencia de un marco legal que brinde predictibilidad desestimula tanto a propietarios de tierras como a productores para realizar inversiones de largo plazo. Esto ha generado que nuestro país se vuelva cada vez más dependiente de la importación de alimentos para satisfacer las necesidades de la población, lo cual no solo hace vulnerable nuestra seguridad alimentaria, sino que además encarece los productos agrícolas y resta competitividad a la agroindustria nacional.

Por estas razones es necesario contar con un instrumento que promueva el uso racional y productivo de las tierras con vocación agrícola, y que se constituya en un marco legal que facilite la celebración de contratos de arrendamiento y garantice la seguridad jurídica a las partes involucradas.

Es por ello que desde el Ministerio de Economía estamos impulsando la ley de arrendamientos para la reactivación del cultivo de tierras y el incremento de la producción agropecuaria, en un intento por dotar al país de más herramientas que estimulen la inversión privada, en este caso en el sector agrícola.

Para mejorar el desempeño de los mercados de arrendamiento es necesario fortalecer los derechos de propiedad, eliminar las barreras legales que limitan esta modalidad de acceso a la tierra, fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos y promocionar esquemas donde se demuestre la viabilidad del arrendamiento en un entorno de certidumbre.

Todos estos elementos están considerados en la propuesta de ley que en los próximos días estaremos presentando al presidente de la república, y que se complementa con la ley de zonas económicas especiales que comentamos en la columna anterior. Son instrumentos con los que se pretende mejorar el clima de negocios y volver a nuestro país más atractivo para la inversión privada. La propuesta de ley incluye, además, regulaciones en torno a los plazos de los contratos y sus formas de renovación, el reconocimiento de los gastos en mejoras a la propiedad que realice el arrendatario, los derechos y obligaciones que adquieren las partes contratantes y los mecanismos de conciliación en caso de discrepancias por incumplimiento.

Un país con las limitaciones de extensión territorial como el nuestro no puede darse el lujo de desaprovechar el potencial productivo de sus suelos. Debemos aspirar a reactivar el agro con cultivos no tradicionales con gran demanda en los mercados internacionales. Países vecinos lo están haciendo con éxito, como el caso del cultivo del melón en Honduras, y la piña en Costa Rica.

La reactivación y transformación de nuestra economía exige de un sector primario fuerte, que abastezca de materia prima competitiva a la agroindustria nacional y que genere riqueza y empleo digno en el campo.

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