Estado de emergencia y necesidad de una estrategia nacional

El gobierno y su partido deberán entender que su estrategia ha fracasado y que solo podrán enfrentar la crisis nacional yendo al encuentro del país entero.
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El presidente de la República convocó a los presidentes de los otros dos principales órganos del Estado y al fiscal general para comenzar a analizar la opción de declarar un “Estado de Emergencia” por la agudización de la violencia en el país. Pero el país ya está en un estado de emergencia nacional de facto, por el empeoramiento de la situación de seguridad y de la situación fiscal, por la ausencia de una estrategia efectiva para enfrentarlas, y por la agudización de la confrontación y división nacional. No estoy proponiendo declarar un “estado de excepción” y menos aún un “estado de sitio” que coartarían libertades y derechos ciudadanos, pudiendo violar derechos humanos y despertar tentaciones de aprovecharlo contra los que adversan o critican a quienes hoy ejercen el poder del Estado. Solo propongo que asumamos, todos, el estado de emergencia nacional en el que ya nos encontramos, actuando en consecuencia.

Entre el 1.º de enero y el 6 de marzo los homicidios le quitaron la vida a 1,537 personas, 113.6 % más que los 720 asesinados en el mismo período en 2015. A este ritmo concluiríamos el año con 7,537 homicidios, 222.5 por cien mil habitantes, 22 veces más que el índice de epidemia declarada en 10 por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que desde el año pasado lidera internacionalmente El Salvador con 104.2 por cien mil habitantes.

Los déficits fiscales promedios son del 4 % del PIB, financiados por una deuda pública que ya superó el 60 % del PIB, con una creciente deuda previsional acumulada que se aproxima al 20 % del PIB ($4,800 millones). Con una economía de bajo crecimiento en el mediano plazo, aumentarán los costos financieros en la adquisición de bonos para financiar el déficit fiscal y la creciente deuda pública, a los que será cada vez más caro y difícil acceder. En esta perspectiva, el default (cese de pagos de deudas y gastos diversos) o/y el ajuste fiscal (aumento de impuestos y recorte de gastos e inversiones) estarán cada vez más a la orden del día.

De aprobarse y ejecutarse la “reforma de pensiones” del gobierno, este lograría –talvez– ganar tres años hasta concluir su gestión, tirándole la bomba fiscal para que le reviente al próximo gobierno y la bomba previsional a los próximos gobiernos y generaciones. Pero de no hacerse, el default y/o ajuste llegará más pronto, agravando la crisis social y de seguridad, desatando la crisis política y de gobernabilidad. Lo que se necesita es una reforma fiscal integral, una reforma integral de pensiones, y una estrategia integral de inversión y crecimiento, con el mejor apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional. Y con el mayor respaldo y unidad nacional.

Mientras avanza la crisis de seguridad y se vislumbra la fecha del estallido de la crisis fiscal, el gobierno del partido y el partido de gobierno se resiste a comprender la integralidad y agudización del deterioro nacional y la reducción de los tiempos políticos y fiscales para actuar. Sigue identificando el incremento de los homicidios como reacción e indicador de la efectividad de su Plan de Seguridad, y pone todo su empeño en la aprobación de su “reforma de pensiones” para intentar posponer la crisis fiscal. De lograrlo, contribuirá a ampliar la oposición en su contra. Y con la presentación de recursos de inconstitucionalidad y de amparo que podría aceptar la Sala de lo Constitucional, podría quedar sin efecto la aplicación de la ley.

El gobierno y su partido han centrado su análisis y esperanzas en mejorar la situación de seguridad y lograr los recursos fiscales para viabilizar su programa de gobierno, para intentar recomponer progresivamente la matriz negativa de opinión pública y mejorar las encuestas antes de las elecciones legislativas y municipales de 2018. Pero entre mayo de 2015 a febrero de 2016, el presidente Sánchez Cerén redujo su saldo neto de imagen de +16 a -4.8, mientras el FMLN concluyó 2015 con +0.1 cayendo en febrero a -14.7 (+28.8/-43.5) (LPG Datos, 3.3.2016). Y esta reciente evaluación no recoge plenamente el incremento de homicidios en lo que va del año, ni los efectos diversos de la introducción de la “reforma de pensiones”. Mucho menos las consecuencias sociales y políticas de un severo ajuste fiscal y/o de un default.

Como sucede con frecuencia cuando el poder se aleja de la objetividad, el análisis y la prognosis están condicionados por el pensamiento basado en el deseo (“wishfull thinking”) que analiza la realidad y sus escenarios más desde la perspectiva de los deseos que de la realidad. Esto determina una línea de pensamiento y acción que no ve ni la integralidad ni las tendencias dominantes y escenarios futuros donde deben basarse las decisiones del presente.

El Gobierno y su partido no han todavía comprendido que la situación nacional se ha deteriorado aceleradamente, que ya estamos en situación de emergencia nacional, y que no será posible cambiar la situación, mientras no se adopte una estrategia concertada para la seguridad y el desarrollo nacional. Deberán entender que su estrategia ha fracasado y que solo podrán enfrentar la crisis nacional yendo al encuentro del país entero.

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