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Desde Naciones Unidas, una consideración reciente sobre las medidas extraordinarias de seguridad fue la de la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnes Callamard, a quien tuve el honor de conocer como miembro del Consejo de Seguridad Ciudadana. La relatora sostuvo en su informe final de misión que había encontrado un patrón de comportamiento en el personal de seguridad que podría considerarse como ejecuciones extrajudiciales y uso excesivo de la fuerza, el cual es alimentado por respuestas institucionales débiles, a nivel de investigación y judicial.

Otro aspecto importante que destacar del informe final de misión es una pregunta que Agnes hace en relación con las bajas de homicidios que el Gobierno plantea a partir de la implementación de las medidas extraordinarias, la interrogante es: ¿esta disminución es sostenible? En el mismo sentido, el IDHUCA complementa esta percepción en su informe de Derechos Humanos 2017, en el cual sostiene como recomendación la no renovación de las medidas extraordinarias.

Desde las comunidades, la percepción es más crítica. La relatora recogió algunas impresiones: la gente de las comunidades más empobrecidas también me habló de su miedo y desconfianza hacia los funcionarios públicos, principalmente hacia la Policía y el Ejército. Otros datos relevantes desde las comunidades provienen de Infosegura, proyecto auspiciado por USAID y el PNUD, en donde se identificó mediante el levantamiento de información en comunidades de El Salvador que los policías han sido calificados como “más brutales que las pandillas”.

Por último se encuentra la percepción del Gobierno, en especial del Ejecutivo, que resulta ser positiva debido a la disminución de los homicidios. Aunque si bien se registra estadísticamente una disminución, queda sin respuesta la pregunta de la relatora en lo relacionado con la sostenibilidad de las medidas. Surge también otra interrogante: ¿las medidas realmente se encuentran amparadas en un enfoque de derechos humanos o únicamente parten desde la perspectiva vertical y poco inclusiva de los formuladores de la política de seguridad pública, en la cual a toda costa buscan palear la problemática?

Al parecer el enfoque de derechos humanos no pasa por ser un punto de partida y es poco probable que las medidas terminen por resolver las problemáticas de fondo de la inseguridad y la violencia, que se ven asociadas a problemas estructurales e históricos del país, como la pobreza, la desigualdad y la exclusión. Tanto la comunidad académica, algunos sectores políticos y la misma población no encuentran en las medidas una solución y las acciones tampoco se encuentran respaldadas, como se ha visto reflejado en algunas encuestas, entre ellas la del IUDOP en relación con el tercer año del gobierno de Sánchez Cerén, en la cual se identificó que más del 65 % de los consultados opinó que las medidas han reducido en poco o nada la delincuencia de las pandillas.

Una propuesta ante esta situación es escuchar a las comunidades, al territorio, a la población en general. Y es que la escucha activa se vuelve esencial para la definición conjunta de soluciones a las problemáticas de la población. No escuchar es uno de los errores mas graves en la formulación de una política, puesto que la no inclusión de todos los actores relacionados con la problemática puede llevar al fracaso de la implementación de esta. Esto requiere focalizar esfuerzos en comprender el territorio y donde a pesar de que somos un país tan pequeño, las dinámicas territoriales son muy distintas.

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