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¿Estamos financiando a terroristas?

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La semana pasada se celebró audiencia en el proceso que se instruye contra ciertos exfuncionarios, empleados públicos, y sujetos privados a quienes se les atribuye la comisión de delitos en el marco de la política del gobierno conocida como la tregua con las pandillas.

En esa audiencia, un líder pandillero rindió su testimonio y aseveró que para las elecciones presidenciales de 2014 el FMLN y ARENA les entregaron a las 3 principales pandillas cantidades de dinero para requerirles apoyo en la campaña electoral. Ese apoyo, para el caso del FMLN, incluía quitarles el Documento Único de Identidad a las personas afines a ARENA, y así evitar que ejercieran su derecho al sufragio.

Cabe recordar que a inicios de este año, ciertas investigaciones periodísticas revelaron las reuniones de altos dirigentes de ARENA y el FMLN con líderes pandilleros en el contexto de las elecciones de 2014. En esa ocasión dijimos en esta columna: “Lo que merece todo nuestro repudio es que las conversaciones (con las pandillas), negociaciones o como quiera llamárseles, se manejen en la penumbra y tengan como propósito la obtención de réditos políticos electorales. Es la vida y la tranquilidad de los ciudadanos la que día a día está en juego”.

La declaración testimonial relacionada, aunada a las investigaciones periodísticas sobre ese mismo asunto, son indicios suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) inicie de inmediato una investigación.

En respeto al derecho a la presunción de inocencia, debemos ser prudentes y evitar condenar de antemano a cualquier sujeto o partido político. Pero, de igual manera, ejercer ciudadanía supone exigir a FGR que investigue profunda y rápidamente si los partidos políticos, sus dirigentes, y algunos sujetos relacionados con aquellos, han participado en financiar a los grupos pandilleros.

Esto adquiere singular importancia porque en agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional emitió una sentencia en que, de un modo innovador, hizo una declaratoria general de las pandillas como organizaciones terroristas. Dijo: “Son grupos terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, (...) en consecuencia, sus jefes, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de terroristas”.

De ese modo, no es baladí la existencia de indicios de un financiamiento directo de las pandillas por parte de los dos partidos políticos mas grandes del país. Tal circunstancia supondría no solo que tales partidos, y en particular algunos de sus dirigentes, financiaron organizaciones terroristas, sino que también ellos serían considerados terroristas, a partir de los criterios definidos por la Sala de lo Constitucional.

El caso resulta peor ya que de acuerdo con tales indicios, los diálogos y el financiamiento a las pandillas fue con el objeto de obtener apoyo en votos y en actos criminales disuasivos para la elección presidencial de 2014. Y siendo que esta se definió apenas por 6,634 votos –que representaron el 0.22 % de los votos válidos– es altamente probable que la existencia de tales irregularidades –si es que ocurrieron– haya sido determinante para alterar el resultado final.

De ser cierto, esto supondría el delito de fraude electoral, y uno de los más graves atentados a la democracia después de la firma de los Acuerdos de Paz.

Los donantes de los partidos –empresarios, empleados públicos, y cualquier individuo– así como todos los contribuyentes –que también financiamos indirectamente a los partidos mediante el pago de impuestos que fondean la deuda política– debemos exigir explicaciones a los líderes de los partidos, y resultados inmediatos a la FGR.

Ningún financista de partidos políticos ni ningún otro ciudadano debería tolerar que el dinero que aportan a esos institutos termine en manos de organizaciones criminales que amenazan la seguridad y vida de todos los salvadoreños. Estaremos atentos a las actuaciones de la FGR.

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