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Están pisoteando nuestros derechos ciudadanos

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Centro de Estudios Jurídicos - Por el Imperio del Derecho

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Sin que exista ninguna justificación, a esta fecha tenemos dos meses sin contar con Sala de lo Constitucional y sin que la Corte Suprema de Justicia esté plenamente conformada. El retraso en que ha incurrido el Órgano Legislativo es una afrenta a nuestros derechos humanos y pone en grave riesgo los fundamentos de la democracia y el Estado Constitucional de Derecho.

Tan grave es lo que está ocurriendo, que hasta la representante en Centroamérica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha hecho una fuerte exhortación para que se elija a la mayor brevedad posible a aquellos profesionales que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en la Constitución; así, ha requerido que la elección se realice respetando los estándares internacionales de derechos humanos que deben estar presentes en una elección de esta envergadura.

Pero todo parece caer en saco roto. La comisión política de la Asamblea Legislativa denota una tremenda indiferencia muy difícil de comprender y peor aún de creer; es así, que ni siquiera se ha constituido en sesión permanente, y se ha limitado a reunirse una vez por semana, como si no existiera urgencia, como si lo que está en juego no fuera prioritario. Están pisoteando el principio de separación de poderes, pero eso no les quita el sueño.

Desde mucho antes que iniciara este proceso de elección de magistrados, el CEJ se enfocó en exigir que se condujera un proceso sin retrasos, sin secretismos, sin traslado de Salas y sin reparto de cuotas partidarias. Varios de los ahora diputados se comprometieron pública y privadamente a hacerlo así; no comprendemos qué fue lo que cambió.

Además, desde hace aproximadamente dos años, propusimos la elaboración de un baremo que permitiera elegir adecuadamente a las personas que fungirían como magistrados; dimos ideas sobre las áreas que debía medirse y hasta ofrecimos ayuda en su elaboración. Siendo parte del Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, también presentamos un proyecto de reformas al Reglamento Interior de la Asamblea, para estructurar un nuevo procedimiento de elección que verdaderamente permitiera elegir de forma transparente a los mejores profesionales. Ninguna de nuestras propuestas fue atendida.

Ante la despreocupación demostrada en la Asamblea, organizaciones de sociedad civil tuvieron que hacer la tarea. ISD, AUPRIDES y Acción Ciudadana elaboraron los baremos que –con excepción del diputado no partidario– los diputados no quisieron elaborar. Se aplicaron esos parámetros y se conoció quiénes son las personas más calificadas para ocupar las más altas magistraturas.

Por todo lo anterior, este mismo día, junto con muchas otras organizaciones de la sociedad civil, estaremos haciendo –otra vez– un enfático reclamo a la Asamblea, para que de una vez por todas cumpla con su obligación constitucional, enfatizando que condenamos enérgicamente no solo la dilación e irresponsabilidad observada, sino también los evidentes intentos de nombrar a magistrados con base en repartición de cuotas partidarias.

Este día volvemos a exigir que se nombre a los mejores candidatos escogiendo de entre los que se ubican en los primeros quince puestos del promedio de puntuaciones que ya han sido realizadas, valorando el orden de prelación de esa lista consolidada. Sobre la expresión vertida esta semana por el diputado Gallegos en la comisión política, le recordamos: nosotros tampoco nos cansamos.

Tags:

  • Sala de lo Constitucional
  • Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
  • reparto de cuotas partidarias
  • baremo
  • sociedad civil

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