Estancados y reprobados en lucha contra la corrupción

La semana pasada Transparencia Internacional (TI) presentó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) del año 2015, en el cual El Salvador obtuvo una calificación de 39 puntos sobre 100, en donde 0 es la máxima percepción de corrupción y 100 la mínima.
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 Se alcanzó la misma puntuación que en 2014. Los resultados llevan a concluir que estamos estancados y reprobados.

La reacción de parte del Gobierno fue igual que en años anteriores, pretender minimizar los resultados del IPC y decirnos que no estamos del todo mal, y además que mejoramos 8 posiciones en el ranking, pues en 2014 estábamos en la posición 80 y en 2015 en la 72; lo que no nos dijeron fue que evaluaron 7 países menos y que otros empeoraron. Con 39 puntos estamos reprobados y por debajo del promedio mundial, que es de 43 puntos. No es ningún consuelo que se nos diga que somos los mejores evaluados del Triángulo Norte, cuando tenemos que aspirar a estar entre los mejor evaluados y aprender de sus buenas prácticas.

Sin lugar a dudas, el principal referente a nivel mundial para medir la corrupción es el IPC, elaborado por TI desde 1995, con una metodología robusta construida a partir de una combinación de encuestas y evaluaciones sobre corrupción realizadas por instituciones de mucho prestigio. En las discusiones que existen a nivel técnico sobre cuál es la mejor forma para medir la corrupción, se considera que el método más aproximado a la realidad es a través de obtener las percepciones de expertos. Debido a que la corrupción es una actividad que se desarrolla en la ilegalidad y clandestinidad, medirla directamente es muy difícil (Kaufmann y Kray. Measuring Corruption. Banco Mundial. 2006). Se emplean fuentes de datos de instituciones, tales como: Freedom House, Banco Mundial, Foro Económico Mundial, World Justice Project, entre otras. Para el caso de El Salvador, utilizan seis fuentes de información.

La lucha contra la corrupción es un tema que nos debe importar y unir a toda la población, ya que tiene impacto directo en nuestras vidas. Por una parte, la corrupción debilita a las democracias y disminuye la confianza de las personas en las instituciones, pero además afecta la calidad de los servicios públicos y la atención de las personas más necesitadas, en aspectos como salud y educación. Coincide en muchos casos que los países con mayores problemas de pobreza son los que aparecen en los últimos lugares del IPC.

Hay señales positivas de que algunas instituciones están funcionando cada vez mejor, por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública y la Sección de Probidad. También la ciudadanía es menos tolerante a la corrupción y se está empoderando, exigiendo mayor rendición de cuentas y haciendo uso del acceso a la información. Pero lo anterior no es suficiente, pues entre otros aspectos, debe reformarse la Corte de Cuentas y el Tribunal de Ética Gubernamental, para fortalecer su independencia y efectividad. También debe rehacerse la Ley de Probidad, pues la aprobada en diciembre pasado es deficiente y riñe con la Constitución. Asimismo, es importante la labor de la Fiscalía General de la República promoviendo la acción penal en los delitos de corrupción, tal como se ha comprometido su nuevo titular.

Los resultados del IPC 2015 ponen de manifiesto el trabajo que hay que hacer para fortalecer la lucha contra la corrupción y los grandes retos que tenemos para combatir dicho flagelo. En lugar de querer minimizarlo, que sirva de llamado de atención para tomarlo con responsabilidad y mejorar, para no continuar reprobados y estancados.

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