Ética para abogados

El Código Procesal Civil y Mercantil actual, en contraste con el Código de Procedimientos Civiles que derogó, según expondremos, registra a medias es decir, en forma incompleta, ciertas normas no solo jurídicas sino éticas, que caracterizaban al que derogó, en lo aplicable a las actuaciones en el curso de los actos procesales, para los abogados y para los mismos magistrados y jueces.
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En efecto, el actual Código citado en uno de sus artículos dice: “Las partes, sus representantes, sus abogados y, en general, cualquier partícipe en el proceso, deberán actuar con veracidad, lealtad, buena fe, y probidad procesal”.

Esta norma deja sin reprender la conducta que deben observar los magistrados y jueces, en las mismas actuaciones procesales, como disponía el Código anterior al establecer y expresarse así: “Las partes, sus procuradores, y abogados, así como deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a los jueces y tribunales, serán así tratados por éstos: 1º con el decoro correspondiente; 2º no se les desconcertará ni interrumpirá cuando hablen en estrados; 3º ni se les coartará de ninguna manera, directa ni indirectamente el libre uso de su derecho o desempeño en el cargo”.

Irónicamente, los padres del actual código Procesal Civil y Mercantil en defensa de lo indefendible, por omisión dolosa, según puede observarse de simple lectura comparada, afirman la superioridad del Código actual.

¡Qué va! De ahí la humillación que fuimos sujetos en plena audiencia oral, ante un cierto máximo tribunal jurisdiccional y públicamente, guiado por exalumnos.

El insigne y gran maestro don Eduardo Juan Couture, al referirse a los principios procesales que deben caracterizar al proceso o juicio judicial, sin distinciones ni excepciones, destaca entre estos el principio de probidad o de honradez procesal, indicando que consiste “en postular y procurar la ética o moral, esto es la lealtad en relación a todos los sujetos comprometidos en búsqueda de la justicia, asunto que incluye no solo a los demandantes y demandados, sino a los mismos juzgadores”, como reza la moral y el Código derogado, e incluye a todos los colaboradores y auxiliares de ellos, de quienes depende que los expedientes circulen, que las resoluciones no se plaguen de errores, que no conspiren contra el buen desempeño del personal, por no pertenecer al grupito minero o trampero, etcétera, que se tiene en mira ahorita y que conocemos.

Esas impropiedades y omisiones, que infortunadamente dolosamente caracterizan la supuesta modernización de la legislación preparada desde el Ministerio de Justicia, años atrás, denunciada por el que escribe, para que se enmendaran los proyectos de Código Procesal Penal y Procesal Civil y Mercantil, fueron desatendidas por otros exalumnos; ¿por qué? Tienen la palabra; si ya sea en el auditórium de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador o en los que quieran.

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  • magistrados
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