Evidentemente el pueblo salvadoreño siempre ha estado a favor de la vida, de la paz y de la justicia

Pero lo que en verdad existe, según todos los signos visibles, es la intención gubernamental de hacer algo muy semejante a lo que se está haciendo en Venezuela, y eso le resta credibilidad y sustento a la iniciativa.
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 Por su parte, el sector privado ha externado sus reservas por el efecto adverso que se provoca en la actividad productiva, cuando lo que la realidad demanda con urgencia es activar la economía.

La inmensa mayoría de la población nacional viene demandando seguridad en todos los órdenes, desde hace mucho tiempo; y esa seguridad que tanto se necesita está directamente vinculada con el respeto a la vida, con el aseguramiento de la convivencia pacífica y con el ejercicio responsable de la justicia. La paz en armonía social viene siendo una aspiración muy arraigada en el ánimo ciudadano, y por eso fue que la guerra no pudo desenlazarse como hubieran querido las fuerzas en contienda durante el conflicto bélico; es decir, con una victoria militar para cualquiera de ellas, lo que hubiera reproducido automáticamente, y en forma de seguro mucho más recalcitrante, las expresiones de división y de confrontación que nos llevaron históricamente hasta los terrenos sangrientos de la lucha armada.

En estos tiempos, el auge expansivo de la delincuencia, y muy en especial la organizada, ha generado un ambiente de inseguridad y de zozobra crecientes, que victimiza a la población en su desempeño cotidiano. El azote de los homicidios y el flagelo de las extorsiones son un vía crucis permanente para la ciudadanía honrada. La normalidad de la convivencia pacífica es alterada constantemente por este tipo de situaciones. Y ante ello, la institucionalidad parece cada vez más reducida en su capacidad de hacerle frente al reto que enfrenta. Desde hace mucho tiempo se hace imprescindible actuar en consecuencia, para que el país se encamine por la ruta de una estabilidad que asegure tranquilidad y progreso.

Este día se realiza en todo el país una Marcha por la Vida, la Paz y la Justicia, como iniciativa formal del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, que es un ente multisectorial creado por iniciativa del actual Gobierno. Pero lo que en verdad existe, según todos los signos visibles, es la intención gubernamental de hacer algo muy semejante a lo que se está haciendo en Venezuela, y eso le resta credibilidad y sustento a la iniciativa. Por su parte, el sector privado ha externado sus reservas por el efecto adverso que se provoca en la actividad productiva, cuando la realidad demanda con urgencia activar la economía. Lo que estamos necesitando sin tardanza es tomar medidas concretas para garantizar la seguridad y darle confianza al país. Y por ello, lo conducente hubiera sido tener primero un proyecto integral consensuado para combatir la inseguridad que nos abate, y luego hacer una convocatoria también consensuada para que el pueblo manifestara su apoyo.

En la convocatoria se leen expresiones como la siguiente: “Estamos convencidos de que es posible vivir en paz si nos unimos y caminamos juntos”. Desde luego que es así, y eso no admite cuestionamiento; pero el punto no está en las declaraciones o en los gestos simbólicos: se necesita actuar, y hacerlo con voluntad y con visión de país. Ya se sabe, como decíamos al principio, que la población en general está a favor de la vida, de la paz y de la justicia. Lo que dicha población demanda es acción institucional organizada e integrada para encarar todo aquello que atente contra la vida, contra la paz y contra la justicia.

Hoy se realiza la Marcha blanca convocada. ¿Pero qué va a pasar mañana? Eso es lo que se quiere oír y saber de parte de los responsables institucionales de asegurar el imperio de la ley y de proteger a la ciudadanía. No puede haber más dilaciones en la tarea de cumplir el imperativo de garantizar de veras y sin distorsiones paz, seguridad y justicia para todos.

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