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Evo Morales, un golpe inconstitucional a la democracia de Bolivia

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Msc. Rufino Antonio Quezada Sánchez

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El 21 de febrero de 2016 se realizó un referéndum en Bolivia para reformar la constitución sobre la reelección presidencial, la mayoría del pueblo dio un NO categórico a la reelección, Evo Morales dijo que respetaría los resultados; sin embargo, el oficialismo desde el día de la derrota del referéndum no ha descansado en buscar vías alternas a la aspiración del presidente de presentarse nuevamente como candidato, los argumentos sin ningún sustento jurídico, aduciendo que se le están violando los derechos humanos al presidente por no permitirle presentarse como candidato y se amparan en la convención americana sobre derechos humanos o pacto de San José, que en el artículo 23 establece como derechos políticos de los ciudadanos: "Votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores", hay que hacer notar que esta referencia es para ciudadanos en general y no para el presidente que ha sido elegido tres veces consecutivas, además a Morales el pueblo soberano lo sentenció a que no podía ser candidato ni un periodo más, tal como lo establece la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia en su artículo 168: "El periodo de mandato de la Presidenta o del Presidente y de la Vicepresidenta o del Vicepresidente del Estado es de cinco años, y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua".

El gobierno de Bolivia es antidemocrático al igual que el de Venezuela y Nicaragua, no hay separación de poderes, el poder ejecutivo controla los demás poderes del Estado y en una clara violación de la Constitución, la Corte Constitucional y el Tribunal Electoral autorizan a Evo Morales ser candidato por cuarta vez, ignorando el mandato constitucional que el pueblo le dio en el referéndum. Morales sigue la agenda de los gobiernos chavistas de Venezuela y Nicaragua que han utilizado la democracia para llegar al poder, pero una vez estando allí, ya no se quieren ir. No hay diferencia entre aquellos que matan personas, como Ortega y Maduro, o de los que matan la constitución, como Evo Morales; hay que recordar que estos dictadores empezaron matando la constitución y después se han quedado matando personas, por lo cual se puede argumentar que a Evo Morales no le costaría pasar a la fase de matar gente con tal de mantenerse en el poder.

La oposición boliviana ha expresado su malestar y organizado protestas, por el autoritarismo del gobierno, y ha pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la interpretación jurídica del artículo 23 de la convención americana de derechos humanos; el 5 de diciembre de 2018 se realizó la primera audiencia, pero como era de esperar la CIDH ha pedido tiempo para dar una respuesta, mientras tanto el oficialismo avanza en la consolidación de Evo Morales como candidato ilegítimo e inconstitucional.

Afortunadamente para El Salvador los aliados de Morales, Ortega y Maduro, el partido FMLN, en las próximas elecciones presidenciales no tienen posibilidades, ya que todas las encuestas los ubican en un incómodo tercer lugar, lo que significa que desde ya es una ganancia para evitar que los partidarios de estos dictadores quieran reproducir estos sistemas políticos anacrónicos para nuestro país.

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