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Excesos e incertidumbre

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Sandra de Barraza - Columnista de  LA PRENSA GRÁFICA

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Todos los días sorprenden los excesos de las autoridades. Cansa ver los excesos en los que, por ignorancia o por mala fe, caen y justifican. Pero más que cansancio, estos excesos generan incertidumbre sobre el futuro.

La Policía Nacional Civil (PNC) es una institución surgida de los Acuerdos de Paz (1992), acuerdos que incluyen la doctrina de la PNC como un cuerpo ajeno a la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista, obligado a proteger a todas las personas contra actos ilegales y a respetar la dignidad humana, defendiendo los derechos humanos de todos.

No dudo que fueron muchas las horas que se invirtieron para eliminar los cuerpos represivos. Y no dudo que se requirieron muchas horas para concebir y consensuar una institución de naturaleza diferente, respetuosa de los derechos humanos y con doctrina y con institucionalidad comprometida con preservarla y fortalecerla.

La Ley Orgánica de esa institución precisa su razón de ser: "proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, así como la colaboración en el procedimiento para la investigación de delitos; mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad, tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego a los derechos humanos".

La PNC durante esta gestión gubernamental se ha ganado críticas por sus actuaciones. Hemos visto en medios de comunicación agresiones físicas y verbales a ciudadanos. Han perdido el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona. Con las ventajas de la tecnología, una y otra vez circulan en las redes sociales videos en los que es notoria la conducta de los agentes totalmente alejada de la doctrina con la que se creó esa institución. Ante esto, una y otra vez cualquiera se pregunta ¿qué pasó con las instancias, también creadas en los Acuerdos de Paz, responsables de asegurar el fiel cumplimiento de todos los que integran la PNC a la doctrina de derechos humanos? El deterioro es acelerado.

La PNC también está inmiscuida de competencia por el "éxito" en el control de la delincuencia. Por ley, está obligada a la prevención y al combate de delitos y a la colaboración con la investigación de delitos. Es clara la competencia de la PNC, ellos colaboran, no asumen la responsabilidad de la investigación y mucho menos tienen competencia de juicio y de condena. ¿Con quién debe colaborar la PNC en la investigación del delito? Hay que preguntarles para averiguar si conocen el marco legal y en caso contrario, darles de baja. Es lo menos que se puede esperar después de ver su actuación en el allanamiento al Ministerio de Salud y en las solicitudes hechas por la Asamblea Legislativa.

¿Con quién deben colaborar? Con la Fiscalía General de la República (FGR), institución responsable de "vigilar la investigación del delito e intervenir en la misma desde la etapa policial". Las declaraciones de funcionarios desconocen el marco legal al que están obligados. Creen que ellos solos, por sí mismos y sin colaboración alguna, son capaces de recuperar los territorios tomados a lo largo y ancho del país por maras, de condenar a los causantes de homicidios y de asegurar un ambiente de sana convivencia. Ojalá pudieran hacerlo por sí mismos, pero no es así. Sin la Fiscalía y el sistema judicial compartiendo tarea, es imposible. ¡No sigan violentando el marco institucional!

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