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Exijamos la depuración judicial

La ciudadanía ha venido exigiendo desde hace mucho tiempo, aunque con más énfasis de manera reciente, que las instituciones del sector justicia se enfrasquen en una verdadera lucha contra la inseguridad y la corrupción.
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Se exige que la Fiscalía General de la República realice investigaciones profesionales, que persiga con ahínco el delito y que no le tiemble el pulso a la hora de imputar actuaciones delictivas a personajes con influencia política, económica, social o hasta religiosa.

A los jueces se les exige independencia, imparcialidad y una gran dosis de valentía que les permita castigar con todo el peso de la ley a aquellos que la han transgredido, sin importar su condición.

Todo eso está muy bien y debe continuarse así, entendiendo que tales exigencias deben ser realizadas sin ningún tipo de distingo ideológico, sin que las mismas contribuyan a acrecentar la preocupante polarización que ya existe en nuestro país y sin que dejemos de entender que absolutamente a todos los implicados les aplica el principio de inocencia.

Pero a las anteriores exigencias hay que sumarle una a la que no se le ha dado la importancia que merece. Todos tenemos que exigir que se profundice y acelere el proceso de depuración judicial.

Desde luego que no podemos ni debemos generalizar, pero es un hecho indiscutible que en el Órgano Judicial se ha enquistado el cáncer de la corrupción y que tal enfermedad requiere de medidas urgentes, extraordinarias y permanentes.

La depuración judicial es una tarea que ya lleva muchos años pendiente y a la cual no se le puede seguir dando largas, pues está causándonos daños a todos los ciudadanos. La impunidad y la inseguridad de la que ahora somos presa se debe en buena medida a que no se han realizado las actuaciones necesarias para separar a los jueces corruptos, que son muchos.

Tampoco se ha hecho mayor cosa para separar a aquellos jueces que han mostrado graves deficiencias en sus razonamientos legales y que con ello ocasionan tanto o más daño que los que se prestan a actuaciones delictivas. También de esos hay muchos.

La Corte Suprema de Justicia debe poner este como un tema prioritario en su agenda. Debe acelerar los procesos que ya existen e iniciar muchos otros que de manera evidente lo ameritan. Respetando el debido proceso y dando oportunidad real de defensa, deben tomarse ágilmente las decisiones y deben sustituirse de inmediato a aquellos jueces que no merezcan ser tenidos como tales.

Para esto, debe reestructurarse por completo la sección de investigación profesional y judicial, deben establecerse mecanismos ágiles y eficientes para conducir las investigaciones. No pueden seguirse manejando estos procesos como hace 30 años.

También debe prestarse atención al rol que en todo esto juega el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). A esta institución le corresponde proponer ternas de jueces que a la fecha no han podido ser propuestas porque a la Asamblea Legislativa no le ha dado la gana de elegir a los consejales.

Al CNJ también le compete manejar la escuela de capacitación judicial a través de la que nuestros jueces deberían mantenerse actualizados en las áreas que les compete y a través de la que debería estárseles brindando nuevas herramientas de análisis jurídico.

Es contradictorio que algunos diputados sí se hayan ocupado de exigir la depuración de los jueces, pero no les importe tener casi un año sin elegir al CNJ. Sepan que están asumiendo una responsabilidad que tarde o temprano tendrán que asumir.

En resumen, la ciudadanía también debe preocuparse por exigir con firmeza que se depure a los malos jueces. Un juez que es corrupto tiene poco chance de dejar de serlo por lo que poco hacemos exigiendo que cambie. Mejor exijamos que se le separe.

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