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¿Existe la voluntad para evitar un nuevo impago?

Hay una frase que dice: “un error solo es error si se comete dos veces”. Y tal como lo dicen personas con mayor experiencia y años de vida, el problema no está en cometer errores y equivocarse, sino en no aprender de ellos y peor aún, volverlos a cometer a sabiendas de las consecuencias. Esta es la situación en la que estaríamos y a la que nos acercamos si no se toman las decisiones correctas, pues estamos a punto de que se cometa el mismo error del pasado mes de abril, cayendo en otro impago, cuyas consecuencias ya conocemos y que al menos serían: degradación de la calificación de riesgo del país; agudización de la crisis fiscal; menor crecimiento económico; e impacto negativo en los ahorros de los trabajadores y en sus futuras pensiones.
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La pregunta que surge entonces es, si se saben las consecuencias del impago de la deuda que tendría el Gobierno con los trabajadores, en concepto de capital e intereses por la compra obligatoria de Certificados de Inversión Previsional (CIP), ¿por qué no se hace algo para evitarlo? El Gobierno tiene varias alternativas jurídicas para prevenir esta situación, previo al 8 de julio, fecha del primer pago correspondiente a dicho mes. Para ello es determinante que exista la voluntad política para hacerlo oportunamente, antes de que se cause el daño. Una solución es hacer los ajustes presupuestarios reduciendo gastos innecesarios y excesivos y destinarlos al cumplimiento de dicha obligación.

Las consecuencias de un nuevo impago afectarían a todo el país, y es por ello que la población debe estar muy atenta a las decisiones que se tomen en el Gobierno y en la Asamblea Legislativa. No se debe olvidar que el origen del problema de no contar con los recursos para el pago de las obligaciones por la compra de los CIP se originó al aprobar un presupuesto incompleto, que omite gastos previsibles que se tendrían en el año. Si se vuelve a degradar la calificación crediticia del país por un nuevo impago, la población será quien sufrirá los efectos por la irresponsabilidad cometida.

Una consecuencia directa del impago sería la afectación a las pensiones de los trabajadores, ya que al no recibir el capital e intereses que se les debe, baja la rentabilidad y esto impacta en el monto de la pensión a obtener. Este problema se atendería con una propuesta integral que fortalezca el sistema de pensiones actual, que respete el derecho de propiedad de los trabajadores y que a su vez genere un alivio fiscal al Estado. Sin embargo, preocupa que ante la situación de iliquidez que vive el país, el Gobierno todavía insista en una reforma de pensiones que no respeta los ahorros de los trabajadores; así como en una nueva propuesta para aumentar el límite máximo para la compra obligatoria de CIP, del 45 % al 50 %, bajo condiciones poco favorables para los trabajadores, por la baja tasa de interés de los mismos, lo que continuaría afectando la rentabilidad de sus ahorros.

A partir de ahora, quedan 23 días para evitar un nuevo impago y las consecuencias negativas que traería. Muchos salvadoreños esperamos que se proceda con sensatez y responsabilidad, poniendo al centro los intereses del país, y así impedir un problema cuyas consecuencias adversas ya conocemos. Es importante que esta situación se resuelva de una sola vez, para evitar estar en la misma encrucijada en octubre próximo, cuando corresponderá hacer el otro pago por los CIP. Está en manos del Gobierno demostrar que tiene la voluntad de honrar a tiempo sus compromisos con los trabajadores.
 

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